Santo Domingo. La promulgación del nuevo Código Penal, contenida en la Ley 74-25, ha generado un consenso poco común en el ámbito nacional: diversas voces del sistema de justicia, la sociedad civil y el empresariado coinciden en que se trata de un paso positivo y trascendental para el fortalecimiento del Estado de derecho y la adecuación del marco penal a los desafíos del presente.
Para la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, la entrada en vigencia de este nuevo código representa el cambio más significativo en materia penal desde 1884. “República Dominicana tiene un nuevo Código Penal, en términos generales, acorde a las nuevas tendencias de la teoría del delito”, expresó, subrayando que el instrumento ha sido sometido a un riguroso análisis jurídico por parte del Ministerio Público.
La magistrada también valoró el rol de los legisladores que “trabajaron más allá de lo visible” para garantizar que el nuevo marco tuviera un enfoque progresivo. “Aunque toda ley es perfectible, hoy hemos avanzado por el bien de la sociedad”, puntualizó.
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Una herramienta clave contra la corrupción
La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) celebró la promulgación del nuevo código como un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción administrativa. Por primera vez, el delito de corrupción es abordado de forma estructurada, con un título completo que lo define, tipifica y sanciona con claridad.
“El nuevo Código Penal contribuirá significativamente a la sanción de funcionarios que no se apeguen a los principios de ética, probidad e integridad”, afirmó Julio César De la Rosa Tiburcio, presidente de la entidad. Destacó que delitos como malversación de fondos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y peculado de uso ahora cuentan con una normativa robusta y sanciones ejemplares.
Compromiso con la modernización institucional
Desde el sector empresarial, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) consideró que esta reforma legal representa un paso firme hacia la modernización institucional y la seguridad jurídica. “Reafirmamos nuestro compromiso con una justicia que promueva confianza ciudadana y un marco legal que acompañe el desarrollo económico y social del país”, expresó el gremio en un comunicado.
El CONEP también valoró el hecho de que la reforma haya sido producto de años de debates, consensos y escucha activa a los diversos sectores sociales, lo cual fortalece su legitimidad democrática.
Visión jurídica: actualización doctrinaria y educativa
El expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, saludó la aprobación del nuevo código como el cierre de una etapa dominada por una legislación “obsoleta y arcaica”. “La carga se empareja en el camino”, escribió, haciendo un llamado a la comunidad jurídica a prepararse para su implementación, al igual que ocurrió con el Código Procesal Penal (CPP).
Subero Isa destacó que el nuevo instrumento ofrece una oportunidad para revitalizar el pensamiento penal dominicano y convertir las salas de audiencia nuevamente en espacios de formación doctrinaria.
Un código con respaldo plural
Las reacciones recabadas tras la promulgación del nuevo Código Penal permiten identificar un patrón claro: la valoración generalizada de que se trata de una herramienta jurídica necesaria, moderna y funcional, que responde tanto al contexto nacional como a las exigencias del crimen moderno.
Aunque algunos sectores han expresado reparos sobre aspectos puntuales del contenido, el consenso institucional y social destaca la dimensión positiva de contar por fin con un nuevo marco penal, luego de décadas de intentos fallidos.
Con su entrada en vigencia prevista para agosto de 2026, este nuevo código no solo deja atrás un texto antiguo, sino que abre paso a una etapa de mayor rigor legal, más protección de derechos y una respuesta más eficaz a fenómenos como el crimen organizado, la violencia de género y la corrupción pública.
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Joan Vargas
Joan Kennedy Vargas, periodista dominicano. Cubre la fuente de la Presidencia de la República, Policía, Fuerzas Armadas y DNCD.
