El empresariado, en una hábil maniobra, se le adelanta al Presidente electo en la formulación de propuestas para una próxima reforma fiscal, usando sutilmente los medios de comunicación y por ende, la generación de una corriente de opinión pública que posibilite influir las futuras propuestas y decisión gubernamental.
Se parte de la base de que el tema de una reforma fiscal no puede limitarse a la creación de nuevos impuestos, aumento, o ampliación de la base de los existentes.
Se acepta que hay acuerdo con aumentar la presión fiscal del 13% actual, que es muy bajito y no permite que un país pueda hacer mucho en materia de avances sociales y mejoras de infraestructuras.
También hay acuerdo en cuanto a que una propuesta de reforma no se puede limitar solo al aspecto de los ingresos, ya que es imprescindible formular propuestas por el lado de los gastos, el control, y la transparencia de los mismos.
Otro punto de consenso es que en gran medida los desequilibrios presupuestarios de hoy en día obedecen fundamentalmente al debacle en el sector eléctrico, sobre el cual un exasesor del Presidente actual expresó que se percibe corrupción en el mercado de generación, transmisión y distribución.
No puede abocarse a una posible reforma fiscal sin haberse resuelto previamente las motivaciones del hoyo negro financiero eléctrico del país.
Finalmente, la saturación de impuestos indirectos y al consumo, que han servido de sostén al sistema fiscal en las últimas décadas es el otro obstáculo, al igual que las evasiones, como con el pago de consultas médicas y otros servicios profesionales en efectivo (para no dejar rastros de los servicios prestados), que son realidades que tienen que tomarse en cuenta.
Reforma fiscal, sí: aumentarle el peso recaudatorio a los que pagan, no.
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