A raíz de los encuentros recientes del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) con los dos candidatos presidenciales principales, se ha planteado una necesaria reforma fiscal futura como vía para detener el creciente endeudamiento público, del cual el propio Conep advertía el peligro que representa una mayor proporción de deuda en relación al presupuesto.

Un valioso reconocimiento a nuestra postura en cuanto no se puede basar un modelo de desarrollo solo en endeudamiento, ni mantenerse una estabilidad de precios sobre las bases de subsidios financiados con créditos externos.

La reforma es necesaria y debe ser objeto del más amplio debate público, el cual se habrá de enfocar en tres áreas básicas.

La primera es el gasto, su cuantía, eficiencia y eficacia. ¿Son necesarias tantas duplicidades, instituciones y empleomanía? ¿Deberán mantenerse ad infinito los niveles de subsidios sociales? ¿Podrá mejorarse la transparencia, pulcritud y rendimiento de cuentas?

La segunda es la base tributaria. ¿Cuestionemos el modelo de impuestos indirectos versus directos?, ¿quiénes pagan esos impuestos?, ¿qué por ciento de sus ingresos pagan?, ¿puede penalizarse más la clase media, baja y las pymes?; ¿cómo incorporar la informalidad y la eliminar la evasión?

Un ejemplo sería el terrible revés a la clase media si se eliminasen las exenciones de compras por internet hasta el valor de US$200, pudiendo las autoridades detectar fácilmente los que comercialmente abusan de esta facilidad.

Finalmente, la tercera área es la más espinosa por los intereses que afectarían: las exenciones fiscales. Es correcto que un Estado incentive el desarrollo de un área o tramo de la economía. ¿Pero deben ser estas exenciones permanentes y eternas?

Dudamos que las respuestas a estas interrogantes sugeridas se planteen antes de las elecciones, pero estamos seguros que una vez transcurran, veremos cantidad de propuestas, que deberán ser todas ponderadas para lograrse un pacto verdaderamente consensuado.