Nuestro Congreso Nacional es una farsa

La integración de la Cámara de Cuentas, un órgano vital en el ejercicio de la democracia dominicana, ha puesto de manifiesto que nuestro Congreso Nacional, en vez de cumplir con el mandato constitucional de Poder Público Independiente, muestra claramente que se trata de una farsa bochornosa.

Tras meses de un trajinar vergonzoso de parte de la Cámara de Diputados, invirtiendo recursos económicos y humanos para recibir expedientes y entrevistar a casi dos centenares de ciudadanos y ciudadanas que creyeron en la democracia, ahora resulta que la selección ya fue hecha en una reunión celebrada en el Palacio Nacional, sede del Poder Ejecutivo.

Lo del Senado de la República, visto lo anterior, simplemente sería un trámite burocrático para conformar el órgano de control fiscal, escogiendo entre las cinco ternas que le someterá la Cámara de Diputados. Da la sensación de que la República Dominicana constituye una caricatura de democracia en términos institucionales.

Esto sucede a pesar de que la Cámara de Cuentas representa un estamento esencial en la vida democrática del país.

Se trata del órgano superior externo de control fiscal y de garantía de transparencia de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio público. En el papel tiene la honrosa misión de dirigir el Sistema Nacional de Control y Auditoría.

Igual comportamiento se observa en la conformación de otros órganos no menos relevantes, tales los casos de la Junta Central Electoral y del Defensor del Pueblo.

El partido político que domine el Poder Ejecutivo impone las reglas de juego, en violación a las normativas garantistas que surgieron a partir de la promulgación de la Constitución del año 2010, que estableció que la República Dominicana pasa de un Estado de Derecho a un Estado Social y Democrático de Derecho, que tiene como fundamento la dignidad de las personas.

La función esencial del Estado, por vía de consecuencia, procura la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas.

Teóricamente, la Constitución de la República consagra, con carácter prioritario, la protección efectiva de los derechos fundamentales. En las sociedades verdaderamente democráticas, los derechos fundamentales cuentan con una protección judicial reforzada.

El constitucionalismo dominicano se fundamenta en la dignidad humana, fomenta la democracia participativa y exhibe garantías constitucionales reforzadas de los derechos fundamentales que se extienden, tanto a los derechos civiles y políticos, como a los económicos y sociales”.

Desde el nacimiento de la República, el 27 de febrero de 1844, el país se caracteriza por la vigencia de la teoría de separación de los poderes del Estado ideada por el filósofo y jurista francés Charles de Secondat (Montesquieu).

El artículo 4 de la Constitución de la República señala: “El Gobierno de la Nación es esencialmente civil, republicano, democrático y representativo.

Se divide en Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Estos tres poderes deberían ser independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones.

Sus encargados son responsables y no pueden delegar sus atribuciones, las cuales son únicamente las determinadas por esta Constitución y las leyes”.

En la práctica, desafortunadamente, no existe la independencia de los poderes públicos, sino que se impone el Poder Ejecutivo sobre los demás. Esta es la razón por la que contamos con un Congreso Nacional que no pasa de ser una farsa institucional.
¡Qué vergüenza!