Una de las más graves denuncias en materia del narcotráfico que se han formulado en este país, lo es sin dudas la que ha formulado el asesor del Poder Ejecutivo en materia de drogas, al señalar que más de 60 aspirantes a legisladores y a funcionarios municipales están vinculados, de una u otra manera, a esa ilícita actividad.
El doctor Marino Vinicio Castillo, quien también es encargado de la Comisión de Ética y Combate a la Corrupción, asegura contar con informaciones de crédito para hacer tan terrible aseveración sobre un hecho que, como bien dice, expondría al país a una tragedia.
La denuncia, sin embargo, no debe quedar ahí. Ya es hora de enfrentar cara a cara a los enemigos de la sociedad y todo aquel que sepa de actividades dolosas, corruptas o criminales, debe suministrar a las autoridades y a la opinión pública la mayor cantidad de datos posibles, incluyendo nombres, para que los organismos correspondientes puedan actuar con eficacia, aunque dentro del marco de las leyes y con respeto a los derechos humanos.
Tiene razón el asesor presidencial en materia de drogas cuando anuncia que planteará la situación denunciada a la Junta Central Electoral y a los partidos políticos, a fin de que se establezca algún tipo de control para evitar que en el futuro tengamos un Congreso Nacional lleno de gente ligada a los narcotraficantes.
Pero la denuncia se quedará coja si no se llega a las últimas consecuencias, con nombres y apellidos.
