"No se trata de defender a un delincuente", experto en derecho rechaza intercambios de disparos de la PN
- El experto en derecho rechazó las ejecuciones extrajudiciales señalando que el uso de armas letales por parte de los agentes requiere una justificación legal estricta y transparente
Santo Domingo.- El experto en derecho administrativo y procedimiento civil Jonathan Del Rosario analizó las recientes actuaciones de la Policía Nacional (PN) señalando que la sociedad se ha enfocado erróneamente en la eliminación física de los presuntos delincuentes (intercambios de disparos), asumiendo de manera equivocada que esta práctica representa la única solución disponible para combatir la creciente criminalidad en el país.
El reconocido jurista exhortó a la población a rechazar categóricamente estas violentas acciones argumentando que "el ciudadano no puede aplaudir esos actos" debido a que algún miembro policial corrompido podría aprovechar fácilmente esta situación para quitarle la vida a un contrario escudándose maliciosamente en sus funciones oficiales como garante de la ley.
Sobre la enorme responsabilidad institucional, el abogado indicó que los agentes deben agotar etapas preventivas antes de disparar, explicando que "el quinto nivel, que es el uso del arma letal, es cuando se encuentre su vida en riesgo" durante su participación especial como invitado central en la reciente emisión del popular programa matutino El Día.
Al referirse a las profundas debilidades operativas el profesional del derecho lamentó públicamente la preocupante existencia de "miembros de la Policía Nacional que aún siendo uniformados tienen connivencia con delitos" lo que lógicamente agrava la desconfianza ciudadana frente a un proceso de reforma que todavía no logra materializar cambios sustanciales en la mentalidad de las tropas.
Legítimo derecho e intercambios de disparos
Para intentar frenar los constantes atropellos institucionales, el letrado detalló que los familiares de las víctimas tienen el legítimo derecho de acudir a la Defensoría del Pueblo o buscar asistencia legal privada para "depositar en el Tribunal Superior Administrativo" exigiendo justas reparaciones económicas y morales frente a las graves faltas cometidas por el Estado dominicano.
Sobre este tema, el constitucionalista aclaró categóricamente que exigir el fiel cumplimiento de las leyes vigentes "no se trata de defender a un delincuente, se trata de defender el legítimo proceso", buscando siempre salvaguardar los derechos fundamentales que protegen a todos los ciudadanos por igual frente al inmenso poder estatal.
