Uno de los valores principales de la democracia es la oportunidad de poder opinar libremente y fiscalizar las actuaciones de los empleados públicos, quienes se deben a las mayorías y minorías, aun a aquellas que no las han elegido ni directa ni indirectamente para el ejercicio de las funciones que desempeñan.
El llamado de atención responsable de la ciudadanía y de los partidos políticos debe ser respaldado siempre, pues es un deber fundamental de quienes somos parte de esta nación, al tiempo que legitima a los servidores del Estado íntegros y transparentes.
En la República Dominicana la mayoría de las instituciones no goza de los niveles de credibilidad necesarios para dejarlas tranquilas. Aun en el país de mayor desarrollo institucional no se puede dejar a su suerte a quienes las dirigen, pues no son sus dueños, sino el pueblo.
Ahora que renacen los cuestionamientos sobre la parcialidad del trabajo del director de Informática de la Junta Central Electoral (JCE), puesto de especial importancia en el manejo de la administración electoral, es preciso devolver los niveles de tranquilidad a la gente que lo cuestiona y que tiene derecho a ello, sobre todo cuando este mismo funcionario y la forma como el Senado (PRD) designó el Tribunal Electoral motivó en 2003 el nombramiento de Miguel Ángel García como administrador general de Informática y recientemente provocó la renuncia de éste último.
No lo conozco, por lo que no tengo base para opinar sobre sus niveles técnico y conductual, pero un funcionario público con tan delicadas funciones no debe permitir que, por mantenerse en el puesto, se pierda la confianza en la JCE. No podemos estar tranquilos, como no lo estuvo el PLD ni el PRSC en 2003 y ahora el PRD y otras organizaciones políticas, hasta despejar las dudas que se ciernen en torno al proceso electoral venidero.
