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No hay que rasgarse las vestiduras

Patricia Arache Por Patricia Arache
Patricia Arache
📷 Patricia Arache

Siempre he creído que una de las mayores debilidades del sistema democrático moderno, en cualquier parte del mundo, es la poca flexibilidad que tiene frente a la “sincerización” de sus realidades sociales, económicas e institucionales.

En República Dominicana, que es el caso específico sobre el que parte esta hipótesis, hay una brutal resistencia a admitir las falencias con las que se ha desarrollado un sistema político, jurídico e institucional, cuya apertura democrática es difícil establecerla mucho más allá del año 1978.

En aquella época, en medio de un proceso electoral repleto de participación y entusiasmo de la ciudadanía, se escucharon “los gritos de Jeremías”, cuyos protagonistas estaban conscientes de que ya no se podía ocultar el sol con un dedo, porque el cambio había llegado.

Desde entonces, con una mayor apertura a la intervención de la gente en los asuntos de Estado, ya fuere por participación o por observación, una parte de la sociedad estima que casos de toma de decisiones, propuestas y acciones a medias tintas, en casi todo.

Se crean leyes de importancia, pero su entrada en vigencia tarda tanto que cuando llega el momento de aplicarlas, ya hay que ir pensando en modificarla por obsolescencia; y en el peor de los casos, otras nunca son aplicadas.

Si se aplica de inmediato alguna, al poco tiempo, se le busca una “piquiña” para excluirla del sistema jurídico, o si aún es solamente un proyecto de ley, se retira del Congreso Nacional, aunque el tema que pretendía solucionar o regularizar, reviente entre las manos de las autoridades; y así, sucesivamente.

El manejo franco y sincero de las realidades políticas y sociales es un proceso duro, que suele enfrentar barreras estructurales, culturales e históricas, y en República Dominicana, el año 1978 representó un hito y una especie de parteaguas, pero no eliminó inercias heredadas y que han hecho el camino muy largo para la actuación, con apego a la Constitución y a las leyes.

Quizás vale la pena referir que cuando en el año 1949, el dominicano Ramón Marrero Aristy publicó su icónica novela Over, el tema de la mano de obra haitiana era una realidad social, económica y laboral en el país, desde siglos anteriores.

De hecho, la esencia de la obra es la explotación laboral y las condiciones infrahumanas de vida en los ingenios azucareros contra braceros haitianos, cocolos y dominicanos, también.

Esta dinámica de dependencia de la mano de obra haitiana, expuesta magistralmente en Over, no sólo persistió, sino que se ha expandido a otros sectores productivos como la construcción, el turismo y otros, convirtiéndose en una constante de la economía dominicana.

¿Por qué tenemos que llamarnos a engaños? ¿Por qué rasgarnos las vestiduras? ¿Por qué pretender mostrar, pechito parado inclusive, que la mano de obra extranjera no representa nada para la economía más sólida del área, desde la década de los 80?…

¿No fue la incidencia de mano de obra extranjera en los distintos sectores productivos lo que provocó la inclusión en la Ley 16-92, que crea el Código Laboral Dominicano del artículo 135, que establece la muy famosa, pero nunca cumplida regla 80/20, que implica que el cuerpo laboral debe estar integrado por no menos de un 80 % de dominicanos y no más de un 20 % de extranjeros en cualquier tipo de actividad productiva en el país?…

Cifras del Ministerio de Trabajo establecen que el porcentaje de trabajadores extranjeros, mayoritariamente, haitianos, supera con creces el límite del 20 %, y el propio ministro de esa cartera, Eddy Olivares, cita que ocho de nueve empresas inspeccionadas violan la normativa evidenciando que ésta funciona más como un principio abstracto que como una realidad aplicable.


Es cierto que la resistencia al cambio en las instituciones suele estar arraigada en una combinación de factores estructurales, culturales y políticos, pero también lo es que en algún momento hay que actuar contra la inercia, los intereses grupales, las flaquezas dirigenciales y la escasez de visión hacia el futuro.
República Dominicana cuenta con un arsenal de leyes, regulaciones y disposiciones, pero, además, el sistema de creación de las mismas es bastante flexible y acomodable a cualquier demanda inmediata que, aunque eso no es lo ideal, es lo real.

Es momento de reconocer las realidades productivas del país y hacerlo con honestidad. No se trata de discursos grandilocuentes, sino de voluntad política y acción efectiva.
El presidente de la República, Luis Abinader, y sus antecesores, Leonel Fernández, (1996-2000; 2004-2012) Hipólito Mejía (2000-2004) y Danilo Medina (2012-2020) han comenzado a dar pasos en el proceso de redefinición migratoria, que involucra la mano de obra laboral. Hay que hacerlo y hacerlo ahora. El desarrollo exige sinceridad por parte de todos. No se puede seguir construyendo sobre la negación. Se requiere orden y organización.

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