La falta de coordinación entre las instituciones gubernamentales, la escasez de presupuesto y la antigüedad de la ley ponen límite a que se frenen los feminicidios, aseguran las activistas feministas Graciela de la Cruz y Sergia Galván.
Señalaron que las instituciones del Estado están trabajando por separado, y que el Ministerio de Salud Pública se queda al margen de la situación, sin un plan para frenar la violencia.
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