Los crímenes atribuidos a un grupo de adolescentes y jóvenes acapararon la atención de los medios de comunicación durante unas semanas. En el debate sobre el tema, predominó la idea de que hay que modificar la Ley 136-03, el Código de derechos de niños, niñas y adolescentes. Se ha dicho que es imprescindible incrementar las penas, los años de reclusión de los menores que cometan crímenes.
Quienes diferimos de esta postura decimos: la fiebre no está en la sábana: incrementar las penas no ha demostrado ser eficaz para contener la delincuencia en ningún sector de población, mucho menos los adolescentes. Hay que encontrar las soluciones técnicas reales.
Un estudio reciente sobre el tema de los niños que viven o pasan la mayor parte de su tiempo en la calle, indica que proceden de las familias más pobres de la sociedad dominicana y que casi todos han sido objeto de violencia de algún tipo.
No tenemos un sistema que provea datos fidedignos sobre los adolescentes y sobre crímenes cometidos por adolescentes. Lo que sí sabemos es que no hay una efectiva coordinación de las entidades llamadas a propiciar la prevención y que no hay un modelo penitenciario o de reclusión o de tratamiento de los infractores juveniles que garantice su reinserción social.
Nuestra propuesta R2, sería que las entidades de la coordinación para tratar los asuntos de NNA previstas en la Ley 136-03 podrían constituir un equipo de trabajo para analizar seriamente el problema y sus soluciones. Desde la sociedad civil y la prensa debería darse seguimiento a un esfuerzo en este sentido: Hay que generar oportunidades de hacer las cosas bien y proveer a los adolescentes del país de un entorno más favorable al desarrollo humano. Las penas, ellos ya las sufren.
