No empujemos JCE a un callejón sin salida

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Periodista Luis García

Las asambleas electorales están convocadas para el próximo 5 de julio, a fin de celebrar una fiesta de la democracia con una votación masiva para elegir a las nuevas autoridades presidenciales y congresuales que nos representarán durante el período constitucional 2020-2024.

Desafortunadamente, para ese evento cívico de extraordinaria importancia, el panorama electoral parece lleno de perturbaciones. El árbitro, la Junta Central Electoral (JCE), se desenvuelve en medio del asedio de una parte de los partidos políticos y de sus líderes, sobre todo respecto al voto de los dominicanos residentes en el exterior.

Todos sabemos que el mundo vive bajo el impacto del coronavirus Covid 19, en una realidad en la que cada Estado establece su protocolo sanitario, de acuerdo a la evolución de la pandemia; situación a la que está atado el voto de la diáspora dominicana en países como Estados Unidos, España, Italia, Reino Unido, Suiza, Cánada, Puerto Rico y otros territorios ubicados en los continentes europeo y americano.

El garantizar ese derecho no está en las manos de las autoridades de la República Dominicana, sino que depende de las circunstancias vinculadas al patógeno y a decisiones de otros gobiernos.

Las agrupaciones políticas conocen esa realidad, pero algunas de ellas prefieren jugar a la politiquería y mantener una presión injustificada, como si procuraran colocar al órgano electoral en una especie de callejón sin salida, lo cual sería peligroso para la institucionalidad democrática del país.

Los titulares de la JCE cuentan con la capacidad y la honorabilidad suficientes para el montaje de unos comicios presidenciales y congresuales transparentes, y cuyos resultados sean el resultado de la voluntad popular expresada en las urnas.

Ante el panorama político y electoral previamente descrito, se requiere que los actores políticos y sociales se comporten a la altura de las circunstancias, respetando las reglas del juego y actuando con la debida prudencia. Una efectiva democracia requiere de actuaciones responsables en los momentos difíciles, pero especialmente dando pasos racionales que no pongan en peligro la paz pública.

En lo relativo a la JCE, ésta ha reiterado el interés para que los dominicanos residentes en el exterior participen en las elecciones, instruyendo a los responsables de las oficinas de Coordinación de Logística Electoral del Exterior (OCLEE), a los fines de dar seguimiento y evaluar los avances en los trabajos en las distintas demarcaciones y realizar un levantamiento del estado actual en cada demarcación derivado de la pandemia de COVID-19.

Incluso, para el próximo miércoles tiene fijada una reunión, con el propósito de que presenten un informe detallado y actualizado de las fases de reapertura de las actividades en cada demarcación, así como de la situación actualizada de los recintos electorales y contactos con los aspirantes a miembro de mesa.

Además, está en contacto permanente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, institución de la que recibió durante el fin de semana un informe relativo a las gestiones para fines de obtener las autorizaciones y permisos correspondientes del voto de los ciudadanos criollos que habitan fueran de nuestras fronteras.

La Constitución de la República manda a la JCE a organizar, dirigir y supervisar las elecciones, garantizando la libertad, transparencia, equidad y la objetividad de las mismas.

En la actual coyuntura, lo correcto y sensato sería no empujar a nuestro máximo órgano electoral hacia un callejón sin salida, porque, en ese hipotético escenario, perderíamos todos.

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