Niños en riesgo, padres sin ayuda: el costo de ignorar la salud mental

Santo Domingo.- En los últimos años, la sociedad dominicana ha sido testigo de hechos profundamente desgarradores, donde madres o padres afectados por serios trastornos de salud mental han protagonizado actos extremos contra sus propios hijos.

Aunque estos casos estremecen a la sociedad, pocas veces se explora con profundidad lo que hay detrás: una historia de abandono emocional, traumas acumulados y un sistema de salud mental que aún no logra intervenir a tiempo.

“Cuando tienes una persona ignorante, emocionalmente inestable, con carencias, aislada, sin red de apoyo y con un niño vulnerable a su cargo… ahí hay un cóctel explosivo”, advierte el psicólogo Luis Vergés.

Según el estudio Impacto de la Salud Mental en el Sistema de Salud Dominicano, realizado por IQVIA en alianza con Janssen, República Dominicana se encuentra entre los diez países con mayor carga de trastornos mentales en la región de las Américas.

La investigación señala que aproximadamente el 20 % de la población dominicana padece algún trastorno mental, siendo los más comunes la depresión mayor, la ansiedad, el trastorno bipolar y la esquizofrenia. Sin embargo, el país asigna menos del 1 % del presupuesto nacional de salud a salud mental, muy por debajo del rango recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establece entre el 5 % y el 10 % para países de ingresos bajos y medios.

Vergés sostiene que la sociedad dominicana atraviesa una crisis de cuidado, no de locura. Si quien debe cuidar a un niño presenta manifestaciones graves de salud mental, como depresión profunda (en la que predomina la ideación suicida) o trastorno límite de la personalidad, con impulsividad y dificultad para regular el enojo, el riesgo de daño aumenta considerablemente.

“Si a eso le sumamos ignorancia, falta de recursos educativos y un estilo de crianza autoritario y coercitivo, se agrava el problema. Y en muchos casos también está presente el consumo de sustancias, cada vez más frecuente en estos escenarios”, añade.

Según el Boletín Demográfico y Social sobre Suicidios en República Dominicana, publicado por la Oficina Nacional de Estadísticas, entre 2019 y 2023 la tasa de suicidios osciló entre 6.60 y 7.13 por cada 100,000 personas mayores de seis años, siendo 2021 el año con la tasa más alta. En 2023 se registró un leve aumento respecto al año anterior, con un incremento de 0.56 por cada 100,000.

Además, los datos muestran que el 59.5 % de los suicidios están relacionados con depresión u otros problemas de salud mental. Un 14.7 % se asocia a conflictos familiares, violencia intrafamiliar y de género. Un alarmante 19.3 % de los casos no presenta causa conocida.

Estos números evidencian la urgencia de abordar el suicidio y la salud mental de forma integral. Comprender los factores subyacentes y fortalecer la red de apoyo social puede marcar la diferencia. La empatía, la escucha activa y el acompañamiento comunitario son esenciales para prevenir desenlaces fatales.

El trauma no nace de la nada

Lo que plantea Vergés encuentra eco en las palabras del psicoterapeuta familiar Julio Sánchez, quien ha trabajado de cerca con familias tras este tipo de tragedias. Para él, el trauma no se mide en cantidad, sino en el grado de dolor no procesado que se acumula con los años.

“Una madre no llega a un acto tan extremo de un día para otro. Son capas de violencia, desesperanza y falta de herramientas emocionales que se van acumulando. Cuando al trauma infantil se le suma violencia de pareja y la ausencia de apoyo social, la mente empieza a contemplar salidas extremas, incluso contra su propia vida o la de sus hijos”.

Sánchez señala que uno de los indicadores más oportunos es el aislamiento extremo.

“Lo que puede resolverse con compañía se convierte en una carga insoportable. Cuando no hay quien escuche ni quien sostenga, la paternidad o incluso el hecho de vivir se torna algo doloroso y hasta rechazable, como si fuese un castigo divino”.

Por su parte, Vergés considera que la primera señal de alerta es la violencia previa.

“Esa es la señal más peligrosa”, afirma.

Y agrega que existe un fenómeno especialmente delicado: el síndrome de la emocionalidad expresada. Se presenta en madres que solo ven lo negativo en sus hijos, los perciben como enemigos o causantes de su malestar, y al mismo tiempo los sobreprotegen.

Entonces, mientras por un lado los rechazan y maltratan, por otro lado los sobreprotegen, y eso encierra un engaño para el mismo niño y activa en él un vínculo traumático.

“Es una contradicción peligrosa. Rechazan y maltratan, pero también sobreprotegen, generando una falsa ilusión de seguridad en el niño. El niño se apega más a esa figura, creyendo que ahí está su salvación. Este tipo de vínculo traumático se vuelve aún más difícil de romper cuando se intenta intervenir. El niño rechaza la ayuda externa porque solo reconoce como seguro lo que en realidad lo pone en riesgo”.

Un ciclo que se repite

Lo que sucede dentro del hogar no solo afecta al adulto responsable del acto, sino también a los hijos que sobreviven. Con ellos se abre otro capítulo igual de urgente: el ciclo repetitivo del trauma.

Para Julio Sánchez, lo más impactante de su carrera ha sido comprender que estos casos no son hechos aislados, sino patrones que se repiten: “Violencia intrafamiliar ignorada, docentes que ven señales pero no saben qué hacer, vecinos que escuchan gritos y prefieren callar… La tragedia nunca ocurre en soledad”.

Por eso insiste en entender la cadena de silencios que rodea estos eventos. En casi todos los casos, hubo personas que notaron señales y no supieron cómo actuar.

¿Castigar o prevenir?

Cuando un padre o madre acaba con la vida de su hijo, el peso de la justicia cae con fuerza. Pero, ¿qué ocurre si ese adulto tiene un diagnóstico de enfermedad mental severa? ¿Está el Estado preparado para intervenir antes del colapso?

El abogado Eduard Moya, especialista en Derecho Civil, Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, explica que estos hechos, aunque estremecen a la opinión pública, no requieren una figura especial en el Código Penal.

“Aplica el homicidio agravado. No importa si es contra un desconocido o contra tu propio hijo, es un crimen contra la vida. La ley lo castiga con penas de hasta 30 años”.

Con el nuevo Código Penal seria de hasta 40 años de prisión mayor para homicidios agravados, además de multas que oscilan entre 50 y 1,000 salarios mínimos del sector público.

Moya aclara que, si se demuestra mediante peritajes que el imputado padece un trastorno mental severo, puede ser declarado inimputable. En esos casos, en vez de prisión, se ordena su internamiento en un centro psiquiátrico hasta su estabilización.

Pero, para el jurista, el problema va más allá: esos centros no existen o no están preparados.

En estos casos, el Estado dominicano solo puede aplicar medidas de seguridad, no castigo, y ordenar atención psiquiátrica. Pero no hay protocolo en los destacamentos ni en las fiscalías para atender a personas con problemas mentales. No hay a dónde llevarlos. Y eso, afirma, es una falla estructural del sistema.

Carlos Felipe, abogado con experiencia en casos complejos, coincide: “No hay protocolos en hospitales ni en destacamentos para manejar crisis de salud mental. Si alguien sufre un brote psicótico, ¿dónde lo llevan? ¿Quién responde? Hoy, no hay una respuesta clara”.

Ambos juristas coinciden en que esta ausencia de rutas seguras deja a las familias completamente desprotegidas.

“Si una madre ve que su pareja pierde el control, o un abuelo vive con un joven esquizofrénico, ¿a dónde acuden cuando sienten miedo? No hay opciones. Eso es gravísimo”, alerta Felipe.

Por eso, más que endurecer las penas, proponen un enfoque preventivo: “Estamos atrapados en una puerta giratoria: personas que entran a prisión, salen peor y vuelven. No hay tratamiento ni acompañamiento. En salud mental, eso es una receta para repetir el daño”, afirma Moya.

Felipe lo resume de forma contundente: “Queremos una sociedad moderna, pero seguimos actuando desde un positivismo jurídico anticuado. Si realmente queremos proteger a los niños, tenemos que empezar por cuidar también a quienes están al borde del colapso. Eso solo se logra con inversión, protocolos y voluntad política”.

El panorama nacional

Una nota publicada por el Ministerio de Salud en enero de este año indica que en el país solo hay 10 centros hospitalarios con Unidades de Intervención en Crisis. Estas están distribuidas en distintos puntos del país: en el Distrito Nacional, los hospitales Vinicio Calventi, Jacinto Mañón, Moscoso Puello, Salvador B. Gautier, la Unidad de Salud Mental Prof. Rey Ardis y el Hospital Materno Infantil Santo Socorro, que cuenta con una unidad especializada para la atención infanto-juvenil; en Santiago, el Hospital José María Cabral y Báez; el Hospital Jaime Mota, en Barahona; el Hospital San Vicente de Paúl, en San Cristóbal; y el Hospital Pascasio Toribio, en Salcedo.

Según una nota publicada por El Día en abril, en el país hay un déficit de psiquiatras, ya que apenas hay unos 240 profesionales activos, una cifra limitada frente a una población que supera los 10 millones de habitantes.

En agosto de 2025, una jueza del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva a una pareja acusada de la muerte de su hija de siete años en el sector Los Guandules. Según el Ministerio Público, la niña presentaba signos de violencia física severa, y la evidencia recolectada indica que hubo omisión deliberada de auxilio por parte de ambos adultos. Vecinos habían reportado gritos frecuentes y un patrón de maltrato, pero ninguna institución intervino a tiempo.

Otro caso emblemático es el de Ana Josefa García Cuello, imputada por ultimar a su hija de nueve años. Su proceso judicial fue aplazado por segunda vez tras no ser trasladada al tribunal desde Najayo-Mujeres. La defensa solicita que sea declarada inimputable, alegando que padece esquizofrenia aguda con rasgos paranoides.

Estos no son casos aislados ni tragedias inevitables. Son consecuencia de un sistema que falla en proteger a los más vulnerables: los niños. Mientras el país no cuente con políticas públicas claras, centros especializados y protocolos de prevención integrales, se seguirán sumando nombres a la lista de víctimas.

Porque cuando un padre o madre con una enfermedad mental grave no recibe atención ni acompañamiento oportuno, no solo se pone en riesgo su bienestar, sino también la vida y seguridad de los niños a su cargo.

La justicia no puede seguir llegando solo cuando ya es demasiado tarde. Prevenir es también una forma de cuidar. Y cuidar, en una sociedad justa, debería ser el primer deber del Estado.

Esta entrega de ¿Quién cuida a los niños? busca ir más allá del juicio moral y explorar el complejo vínculo entre la salud mental no tratada y los desenlaces trágicos dentro del núcleo familiar.