Desde hace un par de semanas hemos relatado el caso de Bryan, un niño de 10 años de edad y las calamidades que, al igual que muchos otros en su condición, ha de sortear cada día.
Penurias que al final de varios meses pueden reflejarse en el fracaso escolar de un año a repetir, pero que en el futuro podría ser el caldo de cultivo que forma un hombre violento, un delincuente o cualquier otro espécimen de riesgo para nuestra sociedad.
Su madre, quien lleva cuatro matrimonios o uniones, quizás en busca del compañero ideal, no ve los peligros a los que expone a sus crías.
Cada nuevo esposo ve a cada uno de sus niños como muchachos malcriados o un estorbo, y abusando de su poder de padrastro los golpea, acto que ella justifica bajo el argumento de corrección, en tanto el padre de cada uno de los niños ni se da por enterado.
La mayor de esa cosecha, Adilca, de 16 años, ya está bien entrada en la calle. Puede que salga de casa en la mañana y regresa en la madrugada, compartiendo con sus amigos, en tanto la pobre mujer atiende un ventorrillo para ayudar la prole de su hija, quien espera otra criatura para traerla a la misma vida de desesperanza y limitaciones donde tiene los otros tres.
La carta de los derechos del niño, niña y adolescente garantiza que los menores tienen derecho a una vida segura y protegida con techo, comida, educación, salud y recreación, entre otros aspectos no menos importantes, ¿pero quiénes son los vigilantes de que estos derechos se respeten cuando los padres son los primeros que los violan?
