Santo Domingo.- Ninguno de los integrantes actuales de la Cámara de Cuentas podrá repetir funciones en el próximo período de cuatro años.
Los cinco miembros titulares del organismo fiscalizador—Janel Andrés Ramírez Sánchez (presidente), Elsa María Cataño Ramírez (vicepresidenta), Tomasina Tolentino de McKenzie (secretaria), Mario Arturo Fernández Burgos y Elsa María Peña Peña (miembros del Pleno)—fueron descartados por la comisión de la Cámara de Diputados encargada de evaluar sus expedientes.
Por esta razón, sus nombres no figuran en el listado de preseleccionados, lo que los deja automáticamente fuera de consideración en el Senado de la República.
De la expectativa al conflicto
La actual Cámara de Cuentas fue seleccionada con gran expectativa al inicio del pasado cuatrienio. En ese momento, los legisladores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) destacaron que ninguno de sus integrantes tenía vínculos con los partidos políticos tradicionales.
Sin embargo, las circunstancias cambiaron. Las ternas originales enviadas por la Cámara de Diputados al Senado fueron modificadas en su totalidad debido a disputas entre legisladores de ambas cámaras. Así, la conformación final del organismo quedó en manos del Senado.
Uno de los nombramientos más destacados fue el de Janel Andrés Ramírez como presidente de la Cámara de Cuentas. Su perfil técnico y su juventud generaron expectativas de una gestión eficiente, tras el aparente fracaso de sus antecesores.
No obstante, poco después de asumir el cargo, los conflictos internos comenzaron a aflorar. Las disputas entre los miembros por el control del organismo provocaron divisiones y, finalmente, paralizaron gran parte de su labor fiscalizadora.
El conflicto trascendió las paredes de la institución y obligó a los legisladores a intervenir, con la intención de llevar a cabo un juicio político. Sin embargo, la iniciativa no prosperó debido a la oposición de algunos partidos.
Aun así, la Cámara de Diputados llevó a cabo un proceso de investigación, en el que una Comisión Especial determinó que los miembros de la Cámara de Cuentas incurrieron en faltas graves durante su ejercicio.
Hallazgos y denuncias
El informe de la comisión recomendó someter a juicio político a Janel Andrés Ramírez y al resto de los miembros del Pleno, debido a la violación de varios artículos constitucionales. También sugirió una reforma institucional para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
Entre las principales irregularidades señaladas en el informe se encuentran:
- Conflictos internos y mala gestión: La falta de comunicación y las disputas internas afectaron el funcionamiento del órgano, lo que provocó retrasos en la realización de auditorías.
- Ejecución presupuestaria deficiente: En 2021 y 2022, solo se ejecutó el 54% y 68% del presupuesto asignado, respectivamente. A finales de 2022, la Cámara de Cuentas acumuló un excedente de RD$1,296 millones, de los cuales RD$500 millones fueron depositados en un certificado financiero que generó intereses por RD$30 millones.
- Falta de auditorías: En 2021, se completaron apenas 10 de las 79 auditorías programadas; en 2022, solo se realizaron dos de 88.
- Manipulación de informes y uso indebido de fondos: Se denunciaron alteraciones en actas, irregularidades en la ejecución presupuestaria y la elaboración de presupuestos sin la participación de las comisiones especializadas del Congreso, en violación de la Ley 10-04.
- Decisiones administrativas ilegales: Se detectaron pagos irregulares y acciones tomadas sin el debido respaldo legal.
Entre las acusaciones más graves, se señala que el presidente Janel Andrés Ramírez archivó ilegalmente informes de auditoría sin someterlos a debate. Elsa María Cataño Ramírez, por su parte, habría firmado actas alteradas y participado en sesiones irregulares del Pleno.
Tomasina Tolentino de McKenzie fue señalada por aprobar informes sin auditorías correspondientes, mientras que Mario Arturo Fernández Burgos habría archivado auditorías con indicios de irregularidades. Finalmente, Elsa María Peña Peña fue acusada de usurpación de funciones y de contribuir a la crisis institucional del organismo.
Con este panorama, el Congreso ha decidido no incluir a ninguno de los actuales miembros en la nueva conformación de la Cámara de Cuentas.
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