El número de países que cuestionan la legitimidad de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela continúa creciendo y su principal argumento para hacerlo es uno: las supuestas irregularidades de las elecciones en las que resultó vencedor en mayo del año pasado.

Ya entonces (e incluso antes) varios Estados y entidades internacionales como la Unión Europea y el Grupo de Lima habían anunciado que no darían validez a esos comicios ni a sus resultados por considerar que no eran plurales ni respetaban los procesos democráticos.

Y así las cosas, no es de extrañar que desde el 10 de enero pasado, cuando Maduro asumió su nuevo mandato presidencial, su gobierno haya comenzado a perder reconocimiento, tanto dentro como fuera del país.

De hecho, el presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, Juan Guaidó, desconoció a Maduro, y ante ese vacío de poder teórico se nombró a sí mismo «presidente encargado».

Pero, en la práctica, Maduro todavía controla las instituciones estatales y considera que el poder legislativo actualmente no recae sobre la AN, sino sobre la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), de mayoría chavista.

De hecho, fue la ANC la que convocó los comicios de mayo, y no la AN, que no los reconoce. Y la AN, controlada por la oposición, también ha sido declarada en desacato por la justicia venezolana, afín al ejecutivo.

En ese contexto, BBC Mundo te explica cuáles son los principales aspectos de las elecciones de mayo que son cuestionados por la oposición y la comunidad internacional.

Adelanto de elecciones

Para tratar de encontrar una salida a la dilatada crisis política venezolana, en 2017 el gobierno y las fuerzas de oposición instalaron una mesa de negociación en República Dominicana en la que se discutieron, entre otras cosas, la celebración de las elecciones presidenciales previstas para 2018.

De hecho, este era uno de los principales puntos de diálogo.

La oposición quería obtener garantías de que los comicios se realizarían en condiciones justas y consideraba que, para conseguirlas, estos no debían ser convocados antes de junio. El oficialismo, sin embargo, quería ejecutarlos en abril como muy tarde.

Al final, el gobierno fijó la votación para mayo de manera unilateral, rompiendo así las negociaciones.

Hombre con cartel que dice: "No vamos a participar en el circo de Maduro"

En su momento, Carmen Beatriz Fernández, consultora política de la empresa Datastrategia y profesora de Comunicación Política de la Universidad de Navarra, le dijo a BBC Mundo que a Maduro le convenía celebrar las elecciones cuanto antes para evitar verse aun más afectado por una crisis de abastecimiento y una hiperinflación que no iban a mejorar.

«Las perspectivas económicas son muy malas. El país entró en un proceso de deterioro muy agresivo de todos los indicadores que, además, van a empeorar. Mientras más tarde se hagan las elecciones más difícil lo va a tener el gobierno«, explicó entonces la experta.

Pero el denominado Grupo de Lima -conformado por 14 gobiernos de América Latina y el Caribe- advirtió en un comunicado que este anticipo «imposibilitaba» que las elecciones fueran «democráticas, transparentes y creíbles, conforme a estándares internacionales», además de «contradecir los principios democráticos y de buena fe para el diálogo entre el gobierno y la oposición».

Estados Unidos y la Unión Europea también condenaron que la fecha de las elecciones se definiera sin haber llegado a un acuerdo con la oposición.

Boicot de la oposición

Como respuesta, la mayoría de las fuerzas de la oposición reunidas en la coalición Mesa de Unidad de Democrática (MUD) decidieron no participar en el «evento prematuro y sin condiciones» convocado por el gobierno, según afirmaron entonces en un comunicado conjunto.

El documento tildaba los comicios de «show» del gobierno para «aparentar una legitimidad que no tiene, en medio de la agonía y sufrimiento de los venezolanos».

Pidieron que las elecciones se hicieran durante el segundo semestre y después de conformar un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) que fuera «equilibrado».

También exigieron que se invitara a misiones de observación internacional independientes en todas las fases del proceso, auditorías técnicas, que los venezolanos en el extranjero pudieran votar y que se revocara las inhabilitaciones que pesaban sobre partidos y líderes como Leopoldo López o Henrique Capriles.

Solo uno de los miembros de la MUD, Henri Falcón del partido Avanzada Progresista, desafió el consenso y se presentó como candidato, lo que le valió ser expulsado de la coalición.

Al final, Maduro solo tuvo tres rivales a los que venció con un amplio margen.

Inhabilitaciones y exilios

Las elecciones de mayo fueron duramente criticadas por su falta de pluralidad, algo que se derivó del boicot pero también de la inhabilitación de posibles candidatos y el exilio de otros.

Los líderes mejor valorados, López y Capriles, no pudieron presentarse.

Leopoldo López, cabeza de Voluntad Popular (VP), cumple bajo arresto domiciliario (antes, en la prisión de Ramo Verde) una condena de cerca de 14 años. La justicia venezolana lo considera culpable de participar e instigar las manifestaciones de 2014 en las que murieron 43 personas.

Henrique Capriles, por su parte, quedó inhabilitado para ejercer funciones públicas por 15 años en 2017, tras ser hallado culpable de aceptar donaciones, contratar sin licitar y no presentar el proyecto de ley de presupuesto del año 2013.

Además, los principales partidos de la oposición quedaron inhabilitados por no renovar su validación ante el CNE, ya que consideraban que era innecesario pasar por un trámite que habían realizado solo un año antes.

Antonio Ledezma,ex alcalde de Caracas, era otro posible candidato lo suficientemente popular para hacer frente a Maduro. Sin embargo, había huido a España en noviembre de 2017 tras dos años intercalando ingresos en la cárcel y arrestos domiciliarios, acusado de conspirar para derrocar al gobierno de Maduro.

Un CNE polémico

La imparcialidad del Consejo Nacional Electoral, también fue objeto de polémica.

Sgún la Constitución venezolana, el órgano responsable de los procesos electorales debe ser independiente y estar formado por cinco personas «no vinculadas a organizaciones con fines políticos» y elegidas por la Asamblea Nacional con una mayoría de dos tercios.

ONGs como la venezolana Acceso a la Justicia, sin embargo, tachan la composición del CNE de «ilegítima» y asegura no registra una separación de poderes «efectiva».

Gran parte de la polémica viene de la injerencia que el poder judicial ha ejercido en esta entidad desde los primeros años del chavismo en el poder.

Por ejemplo, en varias ocasiones, ante la imposibilidad de alcanzar la mayoría de dos tercios, el oficialismo acudió alTribunal Supremo de Justicia (TSJ) para acusar al Congreso de «omisión legislativa» y pedirle que designara a miembros del CNE en su lugar, algo a lo que accedió el TSJ.

El resultado es que los cinco rectores que conforman el actual CNE han sido elegidos por el poder judicial (señalado como afín al gobierno) en vez del legislativo, que en la práctica se ha quedado sin esta competencia.

De hecho, uno de los motivos por el que la MUD quería que los comicios se celebraran después de junio era porque así habría tiempo suficiente para elegir un nuevo CNE, un punto que también se estaba negociando y que saltó por los aires cuando el Ejecutivo rompió el diálogo.

Y la falta de confianza en el proceso electoral también quedó evidenciada por el alto nivel de abstención, pues a las urnas únicamente concurrió el 46% de los votantes.

Eventualmente, Maduro fue declarado vencedor al obtener el 67,8% de esos votos. Para muchos, sin embargo, las circunstancias de su elección son más que cuestionables.

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