Santo Domingo.- El Gobierno de Nicaragua, encabezado por el dictador Daniel Ortega ysu esposa Rosario Murillo, anunció su salida inmediata del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), en momentos en que aumenta la presión regional para que Managua restablezca las libertades públicas, libere a los presos políticos y abra nuevamente el camino hacia elecciones libres y competitivas.
La decisión fue comunicada el sábado 3 de octubre por el Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense, que notificó la denuncia del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y Otras Instancias Políticas a la Junta Directiva del organismo regional.
La Cancillería nicaragüense justificó la medida como parte del “ejercicio pleno de su soberanía” y notificó también al Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, país depositario del tratado, para que comunique la decisión a los demás Estados miembros.
El tratado constitutivo del PARLACEN fue suscrito en Guatemala el 2 de octubre de 1987 y el organismo comenzó sus actividades en 1991 como una instancia de representación política y debate dentro del proceso de integración centroamericana.
República Dominicana endurece su posición
La salida de Nicaragua del PARLACEN ocurre en un contexto de creciente aislamiento regional y apenas un día después de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) adoptara una resolución que reclama el restablecimiento de las libertades públicas y condiciones para la celebración de elecciones libres, justas e inclusivas.
República Dominicana ha asumido una posición particularmente activa frente a la situación nicaragüense.
Durante la reunión de cancilleres de la OEA celebrada el 2 de octubre en Washington, el ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Víctor “Ito” Bisonó, anunció la decisión del Gobierno de retirar la Embajada dominicana en Nicaragua mientras persistan las condiciones que afectan el ejercicio de las libertades y los principios democráticos.
Bisonó explicó que la medida responde a la política exterior definida por el presidente Luis Abinader, basada, entre otros principios, en la promoción y defensa de la democracia y los derechos humanos. El canciller sostuvo además que la respuesta regional debe trascender los pronunciamientos y traducirse en acciones concretas.
La decisión representa una nueva etapa en la postura que Santo Domingo ha venido adoptando frente a Managua.
El pasado 22 de julio, el Gobierno dominicano condenó “en los términos más enérgicos” las declaraciones de Ortega de que en Nicaragua no volverían a celebrarse elecciones. República Dominicana consideró que semejante posición desconocía principios esenciales de la democracia representativa y el derecho de los ciudadanos a escoger libremente a sus gobernantes mediante elecciones periódicas, libres, transparentes y plurales.
En aquella ocasión, Santo Domingo sostuvo que ningún gobierno puede atribuirse el derecho de privar a una sociedad de expresar periódicamente su voluntad mediante el voto ni cerrar unilateralmente la vía electoral como mecanismo para la alternancia en el poder.
Los pronunciamientos de Abinader
El propio presidente Abinader ha elevado el tono de sus declaraciones sobre Nicaragua.
Durante una reciente intervención en Nueva York, al recibir la Insignia de Oro de Americas Society, Abinader recordó su rechazo al anuncio de Managua sobre la eliminación de las elecciones y los partidos políticos y afirmó que situaciones de esa naturaleza “no se deben permitir en nuestra Latinoamérica”.
El mandatario defendió además la necesidad de que la comunidad internacional respalde a los pueblos cuyos mecanismos democráticos han sido cerrados. “Tenemos que seguir luchando por la democracia y por esos pueblos”, expresó.
La posición respecto a Nicaragua forma parte de un planteamiento más amplio de Abinader sobre la alternancia democrática. Al iniciar su segundo mandato en agosto de 2024, el presidente dominicano promovió una reforma constitucional destinada a impedir que futuros gobernantes puedan prolongarse en el poder más allá de los límites establecidos constitucionalmente.
La resolución de la OEA
La decisión nicaragüense de abandonar el PARLACEN se produce inmediatamente después de la resolución adoptada por la OEA el 2 de octubre, que establece una serie de medidas que el Gobierno de Managua debería adoptar para restablecer las condiciones democráticas.
Entre ellas figura la liberación incondicional de las personas detenidas por motivos políticos y el esclarecimiento del paradero y situación de quienes han sido denunciados como víctimas de desaparición forzada.
La resolución reclama igualmente la restitución de la nacionalidad y los derechos correspondientes a quienes fueron privados de ella, así como garantías para que puedan regresar voluntariamente a Nicaragua sin temor a represalias.
El organismo hemisférico pidió además restablecer las libertades de expresión, asociación, religión y reunión pacífica, así como los derechos de medios independientes, organizaciones de la sociedad civil, universidades y otras entidades afectadas por decisiones gubernamentales.
La OEA plantea también recuperar la independencia institucional, la separación de poderes y el pluralismo político, además de crear condiciones para una administración electoral independiente, restablecer los derechos políticos y permitir una observación internacional creíble como parte de cualquier futuro proceso electoral.
El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, explicó que la resolución establece medidas “inmediatas, concretas y verificables” y crea un mecanismo diplomático para evaluar avances y determinar nuevas acciones, con el propósito de que los nicaragüenses puedan decidir su futuro mediante instituciones democráticas y elecciones libres, justas e inclusivas.
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