El liderazgo político y social ha coincidido en hacer un llamado a preservar la estabilidad social y a actuar con comedimiento ante la innegable crisis política e institucional generada por la suspensión de las elecciones municipales del domingo pasado.
EL DÍA se suma de manera militante a ese llamado, más eso no implica mirar hacia un lado o meter la cabeza en un agujero.
La inesperada suspensión de las elecciones tuvo su origen en situaciones que no debieron producirse y que fueron solo posibles por intervención directa de manos humanas o por negligencia inexcusable.
Todo esfuerzo por enderezar el entuerto debe partir de una investigación seria y documentada sobre lo ocurrido e identificar a los responsables de todo.
El problema institucional es que esa investigación no pueden generarlas los investigados ni ninguno de los sospechosos.
Sería absurdo pretender que esa investigación la haga la propia Junta Central Electoral, pero igual lo sería si lo hiciera un Ministerio Público supeditado a un Poder Ejecutivo que impulsa candidatos y que pretende que el partido oficialista permanezca en el poder.
Lo mismo se diría si se le entregara la investigación a la oposición o a sus grupos satélites.
Esa investigación debe ser realizada por entes externos y bajo la conducción de una comisión de notables que garantice se llegue al fondo del asunto.
Ni la Junta, ni el Ministerio Público, ni la oposición tienen la suficiente validación frente a la población para una indagatoria como ésta, que además de aspectos criminales, arrastra un fuerte componente político.
Se ha convocado nuevamente a elecciones, pero sin saber toda la verdad de lo ocurrido el pasado domingo no habrá confianza en el organizador ni en los resultados.
Hacemos un llamado a conducirnos con madurez y prudencia, pero también queremos la verdad y que se aplique el régimen de consecuencias.
