*Por Luis Tejada

Año por año los inquilinos residentes en las viviendas asequibles de la ciudad de New York enfrentan las amenazas de los aumentos al costo del alquiler. Este año, los caseros han solicitado un aumento de 16% para contratos de dos años y 8.25% para los de un año.

En los últimos 20 años los propietarios han logrado aumentar la renta entre un 250% y 400% y haber desregularizado más un millón de apartamentos, o sea apartamentos regulados llevados a precio de mercado; por ejemplo, un apartamento que en el 2003 costaba $450 dólares mensuales, hoy cuesta entre $3,500 y $4,000 su alquiler. Esta permisibilidad política y económica les ha generado a los caseros ganancias billonarias a costa del sudor de la clase trabajadora.

Esos aumentos han sido posibles gracias a la anuencia de los ex alcaldes híper-billonario Mike Bloomberg, el demagogo Bill Deblassio y el actual, también casero y expolicía, Erick Adames. Este último viene con lo fórmula ambiciosa más alta de la historia de los aumentos, ponerle el tapón a la crisis, lo que podría hacer colapsar la economía neoyorquina.

Debido a la actual crisis que vive la ciudad de Nueva York, cientos de miles han decidido mudarse a otros estados con mejores condiciones para vivir. Sin embargo, la oficina de vivienda HPD reporta que los caseros mantienen vacantes más 100 mil apartamentos asequibles, lo que profundiza la crisis por falta de vivienda y, además, una violación a la ley de la vivienda asequible del Estado de Nueva York la cual no permite más del 5% de vacancia del total de unidades disponibles, cerca de un millón en toda la ciudad.

Este aumento propuesto es sin dudas una jugada sucia de los caseros, los cuales quieren cobrarles a los inquilinos, con contractos, la supuesta pérdida o elevado costos de operación. Los caseros alegan un dramático aumento de la inflación el año pasado, pero olvidan las ganancias billonaria excesiva e ilegal de los años anteriores.

La junta de alquileres (RGB por sus siglas en ingles), es la entidad nombrada y regulada por la alcaldía, la cual es responsable de aprobar los aumentos para más de un millón de apartamentos protegidos por las leyes de vivienda, en los cuales vive la clase trabajadora (más de tres millones de personas), en su mayoría hispana y afroamericana de bajos ingresos. Esta acción del RGB puede considerarse como racista, discriminatoria y excluyente.

Lo peor de este escenario aterrador es que la mayoría de los concejales y otros oficiales electos, como senadores y asambleístas, no se han molestado en responder o protestar frente a este abuso y, no podría ser diferente, pues como sabemos los caseros invierten sumas millonarias en las campañas políticas, lo que los hace corresponsables ante este crimen contra los pobres y gente de color.

En otra próxima entrega estaremos planteando soluciones para frenar los abusos de los caseros y frenar la irresponsabilidad de nuestros oficiales electos.