La ciudad de Santo Domingo se caracteriza por una vida nocturna nutrida de negocios de expendio de comida rápida. Proliferan en cualquier parte, desde calles secundarias hasta importantes avenidas.
El área de estacionamiento de una próspera empresa funciona, a partir de tempranas horas de la noche, como un restaurante de quitapón, donde los clientes demandan a los “chef” toda una exquisita variedad gastronómica.
Ante los hechos nos hacemos ciertas preguntas –y no son retóricas–. Entre ellas: ¿cuentan esos negocios con los permisos adecuados de las instituciones y autoridades correspondientes para operar? ¿Qué garantía hay de que los productos que expenden son totalmente adecuados para el consumo? Sin ánimo de responder, hay negocios del ramo donde se pueden observar situaciones de insalubridad, inseguridad y suciedad.
A eso se suma que empleados de cocina y servicio trabajan sin la indumentaria necesaria. Quizá, por la hora en que operan, se escapan de los ojos supervisores de los inspectores de Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), que en jornadas pasadas ordenó la suspensión de plantas envasadoras de agua potable y varias panaderías, que operaban en condiciones muy deplorables.
Ante la situación en que operan estos restaurantes de quitapón hay una frase que muchas veces los exonera de un operativo riguroso de supervisión por parte de las autoridades.
Y esta es: los trabajadores son padres de familia. También los clientes son padres de familia. Y las autoridades deben velar porque los productos que expendan sean adecuados para el consumo.
