El país cuenta con un Congreso Nacional, con senadores y diputados que hacen las leyes por las cuales se rigen organismos y carteras del Gobierno, ciudadanos y turistas que nos visitan temporalmente; y, sobre todo, empresarios e inversionistas, nacionales y extranjeros.
Bajo ese régimen de amparo legal se establecen en el país inversionistas, pero además, son las mismas leyes también válidas para todo dominicano que tenga el dinero para invertir en determinado sector de la vida nacional.
Así lo hacen los que generan y venden energía eléctrica y los que firman contratos de explotación minera.
El hecho es que en uno y otro sector hay experiencias que nos llevan a ver prácticas de mala negociación. En su momento no supimos negociar los contratos del sector eléctrico, y ahora nos vemos en la misma situación con los contratos firmados en el sector minero.
La queja más reciente la tenemos con los contratos concesionarios que se firmaron con la Barrick Gold.
Ahora, muy tarde, nos damos cuenta del volumen de ganancia que tendrá la empresa, y cómo el Estado dominicano se quedará con una ridícula suma.
No se trata, simplemente, de renegociar los contratos, tanto en una como en otra área, sino de tener la capacidad de poder llevar a negociar los mejores técnicos del Estado a la hora de hacer nuevos contratos, para no tener luego que renegociar lo que no se pudo negociar concienzudamente, cuando hubo tiempo para hacerlo.
