Uno de los temas económicos más comentados y discutidos en los últimos años ha sido el de los crecientes niveles de endeudamiento público y su peso en relación al Producto Bruto Interno o el peso de servir la misma como proporción del Presupuesto.

Aun cuando actualmente nos estamos manejando con cifras muy dinámicas, lo cierto es que la pandemia del Covid-19 ha hecho el tema aún más importante.

Al respecto, una noticia en días recientes que quedó enterrada entre las elecciones y sus resultados y que nos concierne, es el logro del Ecuador respecto a su deuda externa en manos privadas, que no incluye la suscrita con los multilaterales.

El país suramericano logró un acuerdo preliminar con sus tenedores de bonos más importantes que le permitirá reestructurar cerca de US$17.4 mil millones de deuda en manos de esas instituciones.

A grandes rasgos, el gobierno del Ecuador acordó intercambiar diez emisiones vigentes con vencimientos entre 2022 y 2030 por tres nuevas emisiones con vencimientos 2030, 2035 y 2040, siendo el primer pago del capital adeudado en enero del 2026.

Para el caso de dicho país, la nueva negociación le permitirá ahorros por el orden de 1,400 millones de dólares el año entrante y unos US$16 mil millones al cabo de los próximos 10 años.

Este acuerdo recibió la opinión favorable del Fondo Monetario Internacional, que a su vez se prepara para extenderle nuevas facilidades crediticias al país actualmente gobernado por Lenin Moreno.

República Dominicana ha sido históricamente un gran cumplidor de sus obligaciones internacionales pero que la actual parálisis por el Covid y el daño que ello ha infligido a nuestra economía, dan razones sobradas para seguir el ejemplo expedito pautado por Ecuador, que de lograrse resultados parecidos le extendería un alivio enorme al nuevo gobierno de Luis Abinader.

Si bien es cierto que siempre será más fácil negociar deudas de países exportadores de materias primas que de las de economías proveedoras de servicios, ha llegado la hora de emprender la renegociación de la deuda pública, tarea indispensable para otorgarle al nuevo gobierno espacio de maniobra, aliviar el peso de la deuda sobre la economía y garantizar la estabilidad macroeconómica del país.