En diciembre de 2008 fue inaugurada la autovía Juan Pablo II, construida bajo el sistema de concesión por inversionistas colombianos que obtuvieron financiamiento internacional.
En esa oportunidad se anunció que el costo total de la obra había sido de 154 millones de dólares (unos 6,930 millones de pesos a la tasa actual).
Se trata de una obra que prácticamente abrió la puerta al sistema de concesiones y se presentó como una de sus grandes bondades el hecho de que el Estado no tenía que endeudarse para su construcción y que al término de la concesión pasaría a ser propiedad pública.
Hasta ahí todo bien.
Pero la realidad ha resultado ser muy distinta.
Pocos meses después salió a relucir que el contrato en cuestión venía acompañado de un denominado “peaje sombra”. El Estado garantizaba que una cantidad mínima de vehículos pasaría por esa vía para pagar los peajes establecidos y que de no alcanzarse ese número entonces el Gobierno pagaría la diferencia.
Resulta que entre 2012 y 2015 el Gobierno ha tenido que pagarle 7,945 millones de pesos (unos 176 millones de dólares a la tasa actual), para compensar el estimado que se había hecho de la cantidad de vehículos que pasaría por los peajes.
Es decir, en una concesión de 30 años en solo cuatro años el Estado ha tenido que pagar 22 millones de dólares más que la inversión total de la obra, sin sumarle el peaje real que pagan los vehículos que transitan por la vía (el más grande del país).
Una negociación como esa solo puede explicarse atribuyéndoles la mayor de la negligencia a los que negociaron por parte del Estado dominicano o una estafa consentida que no debe quedar impune.
