La Secretaría de Administración Pública ya dio el primer paso. Entregó el anteproyecto de ley al Congreso Nacional. El organismo lo conocerá oportunamente.
Hay una pregunta que surge. ¿Está dicha ley conectada al presente presupuesto que conocerá en los próximos días el Poder Legislativo? El procedimiento sería oportuno, ya que la pieza pretende oficializar, mediante un mecanismo de control, los sueldos de empleados públicos y los componentes y facilidades colaterales que reciban.
Eso significa abrir un debate a lo interno de todas las instituciones del Estado, estudiar las escalas salariales entre empleados con la misma designación o perfil laboral, pero sobre todo, revisar los casos de aquellos que, en planes de retiro, reciben un sueldo del Estado que dignamente no les permite llevar una vida de calidad.
Hay una variedad impresionante de sueldos en el Estado dominicano. Legislar en esa dirección es poner el dedo en una llaga. Ese tópico tiene muchas aristas, muchos intereses, y son diversos los factores que inciden en la naturaleza de los sueldos públicos.
Una tarea inmediata, que no requiere esperar la aprobación del citado proyecto de ley, es que la Secretaría de Administración Pública se aboque a una verdadera campaña de saneamiento de la nómina pública. Con la voluntad de que haya una verdadera limpieza. Los resultados serían impresionantes.
El ahorro de los dineros que pagan los contribuyentes dará pie a una posterior aplicación de la ley, en caso de que sea aprobada.
