Necesidad de una reforma electoral integral

Históricamente, la aprobación de reformas electorales en República Dominicana ha sido lenta y, en ocasiones mediante procesos tortuosos, debido a la dificultad para generar consensos en las cúpulas de las principales agrupaciones políticas.

La más reciente, en 2023, que posibilitó la aprobación de la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, quedó por debajo de las expectativas de la Junta Central Electoral y de la sociedad en general, mostrando la falta de visión de las cúpulas de los principales partidos políticos para el establecimiento de un marco jurídico electoral que contribuya significativamente con el fortalecimiento de nuestra democracia.

Antes de la promulgación de la referida legislación, las reformas legislativas referentes a los sistemas político y electoral que se hicieron entre 2018 y 2019, tardaron casi dos décadas en el Congreso Nacional.

Se trató de las Leyes 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos; y la 15-19, Orgánica de Régimen Electoral. Especialmente la 33-18 ha adolecido de fallas graves, derivando en la inconstitucionalidad de varios artículos de su contenido original.

Esta realidad obliga a los actores de los sistemas de partidos políticos y electoral a reflexionar en la necesidad de actualidad el marco jurídico, a fin de que se corresponda con las existencias de un Estado social y democrático de derecho como establece la Constitución política de República Dominicana.

Y el actual es el momento ideal para alcanzar ese objetivo de nación, porque el Congreso Nacional habrá de conocer la modificación de la Ley del Régimen Electoral con la finalidad de hacerla compatible con el contenido de la Sentencia 0788/24 del Tribunal Constitucional, respecto a las candidaturas independientes y que declaró inconstitucional los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23.

En la actualidad, existe el tiempo y el sosiego para que las autoridades electorales de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos y de la sociedad civil puedan arribar a un consenso en procura de la materialización de una reforma electoral integral.

Hay que reconocer que hasta el momento las presiones de organizaciones de la sociedad civil han demostrado ser insuficientes ante las élites políticas. Las reformas parciales en ese ámbito no resultan extrañas, porque dependen de las conveniencias coyunturales de las cúpulas de las principales agrupaciones políticas dominicanas.

Medios de comunicación tradicionales han criticado las últimas reformas electorales, argumentando que han respondido más a los intereses partidarios que a los institucionales.

La democracia dominicana se ancló en sus orígenes, a fines de los años setenta, en la estabilidad y fortaleza del sistema político que estructuraron los tres líderes carismáticos-personalistas del postrujillismo: Joaquín Balaguer, Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez.

Actualmente, el contexto es diferente. La sociedad hace ciudadanía y se involucra más en la política. Además, existe una opinión que ejerce presión en la política y en los políticos.

La opinión pública es la que crea y recrea la realidad en que vivimos, ya que, en definitiva, el mundo de lo simbólico, identificado con la realidad virtual, ha terminado siendo lo único real.

Nadie puede negar que la opinión pública ha cobrado vida propia en su condición de ente colectivo del que se nutren la actividad política y el ejercicio del poder, incluso a la que alimentan en todo momento.

No obstante, hay que dar un paso más. Los actores de los sistemas de partidos políticos y electoral deben exhibir en todo momento una mentalidad abierta a las reformas electorales, siempre y cuando sean pertinentes.

La Junta Central Electoral sería la más interesada en promover espacios para la adecuación del marco jurídico electoral, en correspondencia con el aspiracional de una democracia más robusta.