Narcotráfico y política: Del silencio cómplice a la crítica moralista

Durante los últimos 25 años, el narcotráfico ha encontrado en la política un terreno fértil donde operar con cierta comodidad. Personas vinculadas a redes internacionales de drogas o al lavado de activos han visto en los partidos políticos un escudo, un espacio desde el cual protegerse o, en muchos casos, “blanquear” lo mal habido bajo el amparo del poder.

Hoy, los señalamientos más recientes de las autoridades estadounidenses vuelven a colocar el tema en el centro del debate público. Las acusaciones contra diputados, regidores, funcionarios y asesores del actual gobierno han servido de combustible para que la oposición, especialmente el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo (FP), acuñen el calificativo de “narcopartido” al Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Sin embargo, esta postura resulta, cuando menos, cómoda y conveniente para quienes hoy critican desde fuera, pero ayer guardaron silencio o incluso protegieron a figuras con vínculos comprobados con el narcotráfico. La historia reciente del país demuestra que, durante los gobiernos de los partidos que hoy están en la oposición, también hubo congresistas, alcaldes y dirigentes partidarios bajo investigación o incluso condenados por delitos similares.

El discurso moralista de algunos actores políticos contrasta con su pasado. Muchos de los que hoy levantan la voz para exigir transparencia y castigo nunca demostraron la voluntad política para enfrentar con firmeza este flagelo cuando tuvieron el control del Estado. Por el contrario, en aquel entonces el poder fue utilizado en numerosas ocasiones para encubrir, dilatar o neutralizar investigaciones que afectaban a sus aliados.

No obstante, existe una diferencia importante con el pasado. A diferencia de otros gobiernos, los señalados por narcotráfico en la actual gestión no están siendo protegidos. Las autoridades han colaborado abiertamente con organismos internacionales, como la DEA y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y los funcionarios o allegados al poder acusados de delitos graves han sido destituidos o entregados a la justicia sin titubeos.

Esto no significa que el PRM esté exento de responsabilidad política, ni que el problema esté resuelto. Pero sí marca un punto de inflexión en la manera en que el poder aborda un tema históricamente cargado de silencio y complicidad.

Mientras tanto, la oposición debería asumir su cuota de responsabilidad y reconocer que los casos que hoy indignan a la opinión pública no surgieron de la nada. Muchos de los implicados en procesos actuales iniciaron sus operaciones ilícitas hace más de una década, cuando el oficialismo de entonces —hoy oposición— tenía bajo su control los organismos de investigación, la justicia y la administración pública.

La realidad es que el narcotráfico no tiene color partidario. Ha sabido infiltrarse en todos los espacios, aprovechando las debilidades institucionales, la falta de control en el financiamiento político y el silencio cómplice de las cúpulas partidarias. Lo que hoy vemos en el PRM no es un fenómeno nuevo, sino la consecuencia de décadas de permisividad, impunidad y falta de voluntad política para depurar las estructuras del poder.

Si algo deja en evidencia esta coyuntura, es que ningún partido ha estado completamente ajeno al narcotráfico. Pero también revela que la sociedad dominicana está menos dispuesta que antes a tolerar la impunidad. La lucha contra el crimen organizado no puede ser un arma electoral; debe ser una política de Estado, sostenida, sin privilegios y sin excepciones.

El verdadero cambio no vendrá de discursos moralistas, sino de acciones coherentes y sostenidas. De lo contrario, seguiremos viendo cómo los políticos se acusan unos a otros de tener vínculos con el narcotráfico, mientras el problema continúa creciendo a la sombra de su hipocresía.