Santo Domingo.-El abogado Namphi Rodríguez, presidente de la Fundación Prensa y Derecho, consideró decepcionante que el presidente Danilo Medina «pretenda desconocer la resolución de la Junta Central Electoral (JCE) que suspende el barrilito y el cofrecito” durante la actual campaña electoral.

Rodríguez advirtió que en su encuentro con los directores de medios de comunicación, el gobernante ofreció una “explicación legalista para dejar entrever su desacuerdo con la resolución y continuar la práctica de mantener fondos del Presupuesto Nacional destinados a actividades clientelares».

“Me decepciona que Danilo Mediana defienda como felino el barrilito y el cofrecito, a sabiendas que eso es una práctica clientelista e injusta en la contienda electoral”, deploró.

El jurista dijo que en su diálogo con los directores de medios, el presidente Medina puso en duda la competencia de la JCE para suspender la entrega de fondos a los diputados y senadores, argumentando que en el país le gente ve a los legisladores como personas con capacidad para ayudar.

El abogado indicó que textualmente, el gobernante dijo: “en el país se entiende que un diputado o senador debe tener capacidad para ayudar, para poder vincularse con la comunidad. Lo importante es control y supervisión (…) si la Junta Central Electoral entiende que debe regular, no se si tendrá facultad para ello, porque eso (de el barrilito y el cofrecito) es una ley (…) Yo debo cumplir con la ley”.

Rodríguez adujo que con ese argumento el presidente Medina pretende desconocer que esa asignación presupuestaria es inequitativa, «puesto que privilegia con fondos asistenciales a los legisladores que ya devengan un salario en detrimento de sus competidores que no son diputados ni senadores».

“La sociedad debe mantenerse alerta porque ese argumento va dirigido a plantear un conflicto normativo para tratar seguir erogando los fondos del presupuesto para actividades clientelares”, censuró.

El experto en Derecho Constitucional advirtió que la Constitución prohíbe que los poderes públicos y los órganos del Estado se dediquen a actividades que no les son propias de sus competencias.

“La labor de un legislador es de representación, no se reparto de dinero, ni de prebendas a cambio de lealtades políticas y es una pena que el jefe del Estado lo quiera ignorar, porque a él lo que le interesa es imponer una hegemonía oficial en el Congreso con fondos públicos”, puntualizó.