El Día 
SANTO DOMINGO.- El Foro Feminista Magaly Pineda (FFMP) y un conjunto de organizaciones demandaron de la Cámara de Diputados que el nuevo Código Penal Dominicano, que se encuentra en proceso de aprobación, incluya excepciones que no haga sancionable el aborto: cuando la vida y salud de la mujer esté en peligro, cuando existan malformaciones o caracterizas que son incompatible con la vida y cuando sea resultado de una violación sexual, incesto y pederastia.
Un grupo de mujeres representantes de estas organizaciones entregaron una carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco Osoria, tras realizar un plantón en las afueras del Congreso Nacional.
Esta manifestación contó además con el apoyo y participación de diversos espacios y organizaciones de sociedad civil, tales como el Movimiento #Apoyo3causales, CIPAF, CONAMUCA, CE-MUJER, Centro de Estudios de Genero de INTEC, la Asociación Tu-Mujer, COLEHT, UDEMU y RepúbliKa Libre, el Instituto de Género y Familia de las UASD, entre otras.
En la carta dirigida a los diputados, el movimiento de mujeres advierte que la penalización absoluta del aborto constituye una gran injustica social, un grave problema de salud pública, una violación a los derechos humanos y un acto de violencia estatal, por lo que urge una respuesta del Estado y en especial del Congreso.
Señalan que la prohibición y criminalización absoluta del aborto violenta los derechos establecidos el artículo número 42 de la Constitución Dominicana, que establece que “ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o procedimientos vejatorios que impliquen la pérdida o disminución de su salud, o de su integridad física o psíquica”.
Además, indica la carta, esta prohibición absoluta del aborto ignora las obligaciones internacionales del Estado Dominicano de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de las mujeres.
Advierten a los legisladores que “ya ha sido establecido por los órganos de garantía de los derechos humanos que la penalización absoluta contraviene la prohibición de la tortura, tratos crueles e inhumanos, y reproduce la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes”.
El FFMP y el conjunto de organizaciones señalaron que éste nuevo congreso y gobierno tienen la oportunidad de superar los más de 136 años de desfase del Código Penal actual y lograr que el país cuente con una política penal que responda a las necesidades de hoy en día y a la voluntad del pueblo.
“Es momento de rescatar el consenso logrado en 2014, en la sociedad dominicana que incluyó a gremios, movimientos sociales, clase política y ministros. De acuerdo a encuestas realizadas, 79 % de los dominicanos y dominicanas está de acuerdo con el aborto cuando está en peligro la vida de la mujer, 76 % está de acuerdo con aborto por malformaciones del feto incompatibles con la vida y el 67 % cuando es por violación o incesto y pederastia”. (Untold Research)
También señalaron que la inmensa mayoría de las legislaciones en el mundo que han avanzado en materia de protección a los derechos humanos de las mujeres cuentan con códigos penales que definen y sanciona el feminicidio íntimo, no íntimo y conexos, despenaliza el aborto en sus 3 causales, define y sanciona las violaciones, incestos, pederastia y elimina y sanciona el matrimonio infantil y las uniones tempranas.
El FFMP y demás organizaciones de mujeres reiteraron que la penalización absoluta del aborto atenta contra los derechos humanos de mujeres y niñas, especialmente: el derecho a la vida, al más alto nivel posible de salud, a no ser sometidas a torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Además de que va en contra de principios constitucionales, como el derecho a la igualdad, a la dignidad, a la no discriminación, la libertad de conciencia e integridad personal y al libre desarrollo de la personalidad. Además de que significan maternidad forzada a mujeres y niñas, muchas de ellas víctimas de violación o incesto.
También señalaron que la penalización absoluta del aborto conlleva a su práctica clandestina en condiciones inseguras y peligrosas, que muchas veces se traducen en muertes. En el país ya se ha registrado que el 13% de las muertes maternas es a causa de abortos inseguros, afectando principalmente a las personas que no tienen los recursos económicos para pagar la atención médica adecuada.
