Haití
Haití. — La primera vez que Rosa Mina Joseph se encontró con Julio César Posse, él estaba descansando vestido de civil en la playa de su localidad natal en el sur de Haití, donde estaba destinado como miembro de la misión de paz de Naciones Unidos.
En cuestión de semanas, recuerda, el marine uruguayo aparecía cada fin de semana en la chabola de su familia, prometiéndole su amor en español y criollo.
Casi un año después, cuando terminó su rotación, Posse regresó a su país. En Haití dejó a Joseph, una joven de 17 años con el corazón roto y un bebé sin recursos para mantenerlo más allá de la ayuda de su modesta familia.
“Me prometió que se casaría conmigo y se haría cargo de mí”, dice una llorosa Joseph, quien ahora tiene 22 años, en una entrevista reciente en la casa de su madre en Port Salut, una localidad en el extremo suroeste de Haití.
Tras años de creciente frustración, ella y varias madres más de hijos de los conocidos como cascos azules dicen que presentarán demandas de manutención contra los ausentes padres y Naciones Unidas. El abogado haitiano especializado en derechos humanos Mario Joseph dijo que presentará las demandas civiles en Haití este mes.
El despacho de Joseph está vinculado también a una demanda de alto perfil en nombre de 5.000 víctimas del cólera que culpan a la ONU de introducir la enfermedad en el país.
Un comité de apelaciones federal estadounidense en Nueva York está valorando si la demanda puede seguir adelante o si la ONU tiene inmunidad.
La ONU desplegó una misión de paz en Haití en 2004 para mantener el orden tras una violenta rebelión que derrocó al presidente Jean-Bertrand Aristide.
Desde entonces, algunos cascos azules han sido acusados de violación y otros abusos, de uso excesivo de la fuerza y de introducir involuntariamente el cólera en el país por un saneamiento inadecuado en la base empleada por los soldados de Nepal.
Rosa Mina Joseph dijo que recibió un sobre con 300 dólares en efectivo de Naciones Unidas hace dos años, cuando se estableció la paternidad del niño, nacido en 2011.
Tuvo que abandonar la escuela para cuidar del pequeño y su sueño de convertirse en enfermera se esfumó. Posse le envió una vez 100 dólares desde Uruguay, explicó, algo que nunca más se repitió. Aunque Joseph era menor de edad cuando tuvo a su hijo, los posibles cargos penales contra el marine podrían enfrentar complicados obstáculos legales: los cascos azules no pueden ser procesados en los países en los que sirven según tratados internacionales.
The Associated Press no acostumbra a identificar a las víctimas de abusos sexuales, pero Joseph dio su autorización siempre y cuando no se publique una fotografía de su cara.
“Quiero que asuma la responsabilidad de ocuparse de su hijo porque yo no puedo hacerlo sola”, dice en el patio donde pasa los días haciendo la colada y cocinando.
La misión de Naciones Unidas en Haití tiene actualmente 4.899 efectivos uniformados — una mezcla de soldados y policía civil — de más de una docena de países.
Esto supone un descenso con respecto a los 13.000 cascos azules que había tras el devastador terremoto de 2010. Ghandi Shukry, jefe de la Unidad de Conducta y Disciplina de la misión de la ONU, conocida por su acrónimo en francés MINUSTAH, dijo que la ONU recibió 29 demandas de paternidad sobre Haití.
De las reclamantes, 18 han sido catalogadas como “víctimas” por el ente porque están recibiendo algún tipo de apoyo. “No estamos ante una oleada de demandas recientes de paternidad. Son casos antiguos”, dijo Shukry, destacando que las relaciones sexuales de cualquier tipo entre cascos azules y residentes están prohibidas.
El funcionario de la ONU confirmó que Joseph y otras tres mujeres de Port Salut representadas por el abogado lograron determinar la paternidad de sus hijos tras análisis de ADN realizados en 2014 de muestras de las madres, los soldados y los pequeños.
Declinó comentar cualquiera de los casos en concreto. Dos miembros de su unidad mantienen contacto habitual con las mujeres de Port Salut. La MINUSTAH también puso a las mujeres en contacto con un representante militar uruguayo, agregó, ya que los países que contribuyen con soldados a la ONU tienen que investigar las denuncias y decidir cómo proceder con las demandas de paternidad.
Las mujeres de Port Salut dicen sin embargo que el contacto con el personal de la ONU o el representante militar de Uruguay es raro y generalmente desconcertante.
Un informe del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en 2015 reconoció que hay “numerosos obstáculos para hacer que se reconozca la paternidad y obtener ayudas para los hijos del personal de Naciones Unidas, hayan nacido como resultado de explotación o abusos sexuales o no”.
El personal uniformado de la MINUSTAH tiene ahora vetado salir de las bases en solitario o vistiendo ropa civil y las normas de la misión cambiaron en los últimos años para impedir cualquier fraternización. “No solo las relaciones sexuales están prohibidas, incluso mantener relaciones normales con la población local está prohibido”, apuntó Shukry.
El portavoz de la Marina uruguaya, el capitán Gastón Jaunsolo, reconoció que ha habido un pequeño número de demandas de paternidad y apuntó que los soldados hallados culpables y sancionados no pueden participar en misiones de paz.
Confirmó que Posse sigue en la Marina y señaló que los militares tienen prohibido hablar con la prensa sin autorización. El número de teléfono que aparecía bajo el nombre de Posse en un listín estaba fuera de servicio. Su perfil en una red social dice que está buscando una mujer joven de entre 18 y 25 años para comenzar una familia.
