Los periodistas no son una clase privilegiada, ni deben aspirar a serlo.
Como cualquier otra profesión, el periodismo debe ser ejercido con apego a las leyes y en consonancia con la ética.
Sin embargo, hay reglas y principios inmanentes de categoría superior que van estrechamente ligados a la actividad periodística y que no pueden ser ignorados por los ciudadanos, y mucho menos por los jueces a la hora de emitir sus sentencias.
La libertad de expresión es, junto al derecho a la vida, el atributo por excelencia del ser humano.
Sin esa libertad, ejercida plenamente, sería imposible defender ninguno de los demás derechos humanos.
Por eso nos preocupa la prisión, en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de La Romana, del periodista José Agustín Silvestre, acusado de difamación e injuria sin que el juicio que se le sigue haya llegado a su fin.
Existe una tendencia a nivel internacional para despenalizar la difamación y la injuria, o sea para que esos delitos no conlleven privación de libertad, ya que la posibilidad de ir a la cárcel podría inducir al periodista a autocensurarse y privar así a la sociedad de tener acceso a todas las noticias y las opiniones.
Aunque esa despenalización no ha sido todavía incorporada a la legislación dominicana, la prudencia y el amor a la libertad aconsejan que los jueces sean muy cuidadosos en el manejo del tema, para no poner en peligro un don tan preciado como lo es la libertad de expresión.
Esperamos que la prisión del periodista Silvestre haya sido levantada cuando este editorial salga a la luz pública y que la sentencia, si procede, sea únicamente de carácter económico, para que vayamos como país a tono con la modernidad en materia de Derecho.
