“Ha primado de parte de la Junta el interés de negar nuestro derecho a participar en las elecciones lo cual hizo primero con la elaboración de un reglamento para la verificación de las firmas que no tenía capacidad para hacer, lo que se demostró que de una muestra de 1191 personas solo sus empleados lograr contactar 53%”, dijo Fulgencio Severino, presidente del MPT.Explicó que la Junta «se retrasó en la toma de decisión para que vencieran los plazos que establece la Ley Electoral y así, aunque obtengamos, como esperamos que así ocurra, el reconocimiento, no tuviéramos tiempo. Esto se evidencia con la tardanza de más de cuatro meses para conocer el informe de verificación y hacerlo faltando un día para vencer el plazo que establece la ley».

“También la discriminación ha predominado durante el proceso y llama la atención como un juez dijo públicamente que en la primera oportunidad para conocer el informe de inspectoría voto por el reconocimiento de dos de los cuatro partidos que habían hecho la solicitud y resulta que entre ellos no estaba el nuestro”, agregó.

Severino dijo que la mayor evidencia de que el pleno de la JCE no actuó en el marco de respectar nuestro derecho al trato igualitario como establece la Constitución y las leyes, sino impulsada por intereses mezquinos, es el hecho de haber reconocido a un partido que tuvo menos puntuación que el MPT.

Hablando en rueda de prensa en compañía de varios miembros de la dirección del MPT, mostró el siguiente cuadro que revela que el MPT obtuvo mejor puntuación de los partidos evaluados:

Constatados Afiliados No Afiliados:

País Posible 34.94% 65.06%

Movimiento Patria Para Tod@s(MPT) 45.25% 54.75%

Partido Generación de Servidores 15.85% 84.15%

Partido Integrado Comunitario 15.93% 84.07%

“Nuestro partido es el que según el informe de la JCE obtuvo una puntuación de 45.25% en las afiliaciones, 10.31% superior al que le dieron el reconocimiento”, explicó Severino.

Dijo que es importante resaltar que el pleno sigue afectando el derecho del MPT a pesar de que se conoce públicamente desde el lunes, es decir hace 7 días de su decisión del pleno la cual no fue a unanimidad y fue impuesta por el presidente de ese organismo, bajo presiones de empresarios del sector eléctrico, funcionarios del Palacio Nacional.