Pablo Ferreiras, vocero del MPD.
Santo Domingo.- El Movimiento Popular Dominicano (MPD) consideró hoy que todos los congresistas envueltos en violaciones a las leyes e irregularidades deben ser destituidos y puesto a disposición de la justicia.
El MPD plantea que los actos de falsificación de los datos de los supuestos beneficiarios que nunca han recibido las ayudas justificadas a sus nombres, tienen que traer como consecuencia que la Procuraduría Anticorrupción abra una investigación objetiva que ponga en claro cuáles son los senadores y diputados que falsean los destinatarios de las supuestas ayudas y aportaciones que, tal cual se ha demostrado.
“Todos los congresistas evidenciados como defraudadores de los fondos puestos a su disposición y que sean incapaces de demostrar de manera correcta e inequívoca que esos fondos hayan ido a manos de los que, según sus informes han sido los beneficiarios, deben ser sometidos a la justicia, licenciados en sus funciones y que reciban todo el peso de la ley, impidiéndoseles cualquier aspiración futura a cargos electivos, luego de cumplir las condenas a las que puedan ser sentenciados”, expresó Pablo Ferreiras, vocero nacional del MPD.
Según Ferreiras, la sociedad no puede seguir soportando la afrenta de tener funcionarios y legisladores que actúan como delincuentes contumaces sin que hasta ellos pueda llegar ningún tipo de persecución judicial.
“Es tiempo de que los distintos sectores nos empoderemos y asumamos la consigna colectiva de que estos señores tengan que dar cuenta de sus actuaciones dolosas y contrarias al buen vivir; el país no puede seguir de espalda a una realidad social en la cual solo se estigmatiza como delincuentes a los infelices del pueblo, que víctimas de la violación institucionalizada de sus derechos por parte del Estado para beneficio exclusivo de una ínfima minoría privilegiada, son empujados a cometer actos delictivos”, explicó el portavoz emepedeísta.
La organización de izquierda considera que el simple cumplimiento de las leyes y la Constitución Dominicana, harían innecesario y superfluo la cohabitación de tantos programas de asistencia que solo sirven para mitigar las miserias en las que viven las inmensas mayorías nacionales, al tiempo que crean las condiciones para que los corruptos puedan medrar los recursos del pueblo. Bastaría que el propio Estado cumpla las funciones que la Constitución le ordena, sobre todo las que están consignadas en el artículo 8.
