Procuraduría General de la República.
SANTO DOMINGO.- La Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT) solicitó ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional la imposición de prisión preventiva contra imputados por trata de personas arrestados en la operación Cattleya.
Mediante instancia dirigida a ese tribunal, y depositada a primeras horas del sábado, el órgano persecutor del crimen solicita que se declare complejo el proceso seguido en contra de los imputados José Miguel Michel Guridis (Michel), Daniel Enrique Inirio Abreu (Daniel), José Alberto Soriano Rosario (Cirujano), Oscar Wicene y Melvin José Valentín Peguero.
También, contra Cristina Virginia González Hernández, María Paula Murillo Vargas, Louis Marie Nephtalie, Oliver Arnaud Lewinski y/o Timothy William Case Renee, Robert Lee Eleuterio Paniagua Díaz, Angélica Jhoana Quintero Niño, Marie Fokina Achille (Fior, Flor o Flores), Alejandro Arturo Batista Bustamante (el Gato), Ramón Altagracia Oviedo Castillo, Carlos Jhonatan Walwyn Campusano Díaz (Carlos) y Braulio Manuel Lugo.
El caso también involucra a los hoteles Caribe y Oscar, del sector Gascue, del Distrito Nacional, y Coco Real, de Bávaro, Punta Cana, provincia La Altagracia, contra los cuales el Ministerio Público solicita que se ordene la clausura temporal.
La medida de coerción fue depositada por Johanna Bejarán Álvarez, titular de la PETT, así como las fiscales adscritas a ese órgano Aleika Almonte Santana, Belkis Ulloa, Ginna Matías y Noelia Taveras.
El Ministerio Público puso en marcha el pasado jueves la operación Cattleya con decenas de allanamientos en el Distrito Nacional y Bávaro, producto de una amplia investigación iniciada hace nueve meses y con la que desarticula redes transnacionales dedicadas a la trata de personas con el fin de explotarlas sexualmente y con la que rescató a más de 80 mujeres víctimas de Suramérica.
En el transcurso de la investigación el Ministerio Público ha establecido que las víctimas eran sometidas a explotación sexual, al ofertarlas por distintas tarifas para provecho económico de la organización criminal.
Los imputados cobraban directamente el dinero por las mujeres que explotaban sexualmente y a las que generaban una deuda interminable por traslado a República Dominicana, así como por hospedaje y alimentación diario de las mismas.
Las víctimas también eran obligadas e inducidas por miembros de esta estructura criminal a consumir sustancias controladas por las que sumaban un costo a la deuda que eran obligadas a pagar con la promesa de dejarlas en libertad, detalla la instancia.
Una vez las víctimas se encontraban bajo control y dominio de esta estructura criminal, siendo acogidas en el residencial Coco Real ubicado en Bávaro, Punta Cana, provincia La Altagracia, y en el Hotel Caribe localizable en Santo Domingo, eran tratadas, y a tales efectos, eran ofrecidas y entregadas a clientes que demandaban placeres sexuales.
La organización del crimen organizado ha realizado actividades criminales propias de la trata de personas con el fin de explotación sexual, llevando a cabo captación, el transporte, traslado, acogida y receptación de mujeres de nacionalidades colombianas y venezolanas, que previamente captaron desde sus países de origen y cuyo traslado facilitaron a la República Dominicana, recurriendo al fraude, el engaño y abuso de las condiciones de vulnerabilidad, con el único propósito de explotarlas sexualmente.
La organización criminal utilizó el engaño como estrategia para lograr la captación de mujeres venezolanas y colombianas que se encontraban en condiciones de vulnerabilidad (en estado de necesidad y pobreza), a quienes les ofrecían venir a la República Dominicana para trabajar como camareras en bares o restaurantes de Bávaro, Punta Cana, en la provincia La Altagracia, bajo la promesa de recibir altos ingresos económicos, logrando así captar el interés de las víctimas.
Para facilitar su traslado a la República Dominicana, la estructura criminal se encargaba de cubrir los gastos de pasaje aéreo, emisión de pasaportes (en caso de ser necesario), sumando su costo a la deuda que las víctimas debían comprometerse a pagar una vez estuvieran en el país, bajo la promesa de obtener atractivos beneficios económicos a su favor y sin establecerles el monto a que ascendería la deuda.
El Ministerio Público indicó que en este caso se debe imponer una medida de coerción que evite los actos tendentes a la obstrucción de la investigación, la intimidación de testigos y la destrucción de pruebas, lo cual, indicó, sin lugar a dudas, solo puede ser garantizado con la medida de prisión preventiva.
La institución destacó que cuenta con suficientes evidencias que vinculan a los imputados a la referida actividad criminal.
La operación Cattleya se desarrolló con el apoyo de la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet) y el Departamento de Trata de Personas de la Policía Nacional. También, con la cooperación internacional de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), de Estados Unidos, y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Además, de las ONG Operation Underground Railroad (O.U.R.), Destiny Rescue y Anti Trafficking Bureau (ATB).
