Santo Domingo.– El Ministerio Público solicitó este lunes a la jueza de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional condenar a cinco años de prisión al abogado Johnny Portorreal, acusado de estafar a 283 personas con la supuesta herencia millonaria de la familia Rosario.
El órgano persecutor pidió además, condena de dos años para Miguelina Gómez y Miguel Montero D ‘Óleo.
La jueza Katherine Rubio Matos se encuentra leyendo la sentencia a puerta cerrada.
Portorreal Reyes y otras tres personas implicadas en la estafa millonaria, calificada por el Ministerio Publico como violación a los artículos 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano, que tipifican los delitos de asociación de malhechores y la estafa, así como los artículos 2, 6 y 9 de la Ley 155-2017 sobre Lavado de Activos.
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Detalles del caso
Se recuerda que el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional Raymundo Mejía, dictó el 26 de septiembre del 2022 apertura a juicio contra el grupo de presuntos estafadores, acogiendo la solicitud del Ministerio Público, que presento un expediente con más de 600 pruebas testimoniales y documentales que compromete la responsabilidad penal de Portorreal Reyes y compartes.
La imputación del Ministerio Publico establece que el grupo de procesados solicitaba altas sumas de dinero a las víctimas de apellido Rosario, alegando tener la información falsa de que el dinero de la supuesta herencia había sido transferido al Banco Central y posteriormente al Banco de Reservas, desde el Banco Santander, de España, y el Banco Zúrich, de Suiza.
Los investigadores judiciales presentaron evidencias con las que sustentaron la acusación, de que los encartados aseguraban a sus víctimas que los montos que requerían serían cobrados a través de la empresa “La Central del Derecho LPR, SRL”, a los fines de realizar trámites para su registro como herederos de sus familiares antepasados fallecidos, señores Celedonio Rosario y María del Rosario.
Según consta en el expediente, el pago de los estafados por Portorreal y compartes, consistía en desembolsos que eran entregados a Gómez Santana y Portorreal, a quienes les cedían el derecho de un poder Cuota Litis, con el que se acordaba el pago de los honorarios, utilizado en una entidad bancaria al momento de retirar los fondos que iban a ser presuntamente depositados.
Mientras que Miguel D Òleo Montero e Hilario Amparo de la Cruz están sindicados como las personas que se reunían con la intención de captar a los supuestos herederos de la familia Rosario, reclamando el dinero para financiarles sus viajes o las diligencias en Europa, donde estarían las sedes de los supuestos bancos internacionales donde aseguraban estaba depositada la presunta herencia millonaria.