SANTO DOMINGO.- La procuradora de corte, Mirna Ortiz, señaló este viernes que la recusación presentada en contra de la jueza Yanibet Rivas Méndez, del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, por la defensa del acusado de la Operación Coral, Adán Cáceres Silvestre, ha sido una obra de teatro mal montada, ante la imposibilidad de aportar argumentos frente a la acusación presentada por el Ministerio Público.

“Es importante destacar, de lo ocurrido en el día de hoy, que esto ha sido una obra de teatro mal montada. Una obra de teatro que inició con una convocatoria a la prensa para entregar un comunicado, que previamente habían preparado por escrito, luego se paran ante el tribunal a presentar una postura, que también tenían por escrito, frente al rechazo del tribunal, motivado por una decisión correcta de la magistrada, en el sentido de que usted no puede referirse a lo que conoce, porque el tribunal no había notificado la decisión, entonces ponen en escena otra de las imágenes de su teatro, al pretender que el acusado consiga la decisión que los abogados no pudieron conseguir de la jueza”, precisó Ortiz.

La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), manifestó, al hablar con la prensa a su salida de la audiencia de este viernes, celebrada en el palacio de justicia de Ciudad Nueva, que esta artimaña, previamente elaborada, se produce debido a que la jueza no queda atada por manifestaciones de los acusados y como no les brindó respuestas satisfactorias a sus intereses, decidieron “presentar la próxima escena de su obra”, que es la recusación.

“Es una recusación que no fue sobrevenida, porque la tenían por escrito y todos pudimos ver en la sala como leyeron lo que ya previamente habían diseñado, o sea, que está claro que el objetivo, desde que pisaron esta sala de audiencia, era lograr suspender el conocimiento de este proceso, que se les viene encima y para lo cual no están preparados”, puntualizó Ortiz, quien estuvo acompañada por los fiscales Jonathan Elías Pérez, Emmanuel Ramírez, Marinel Brea y Miguel Collado.

La litigante recordó la imposibilidad que durante todo el proceso han mostrado las defensas para contrarrestar los argumentos de la acusación presentada por el Ministerio Público, misma que ha sido señalada de manera reiterada por los miembros del órgano de justicia.

“Esta defensa no ha estado preparada nunca para este proceso y de eso dimos cuenta desde los inicios de las audiencias, pero además recusan a una juez por imparcial, a la juez que le varió y le cesó la prisión preventiva a Adán Cáceres, recusan por parcial a la juez que le permitió realizar todos los contraperitajes que ellos han requerido, entonces ¿dónde está la falta de parcialidad de la jueza? Es evidente que es una recusación infundada a todas luces, ante un proceso que se les viene encima, para el cual no están preparados”.

Ortiz también se refirió a la acusación de los abogados defensores, quienes han querido calificar de terrorismo judicial el accionar del Ministerio Público, resaltando que quienes han cometido terrorismo son aquellos que se han apropiado de los recursos del Estado dominicano.

“Repitieron más de 10 veces en el escenario del tribunal que el Ministerio Público era un terrorista, que amenazaba y amedrentaba a los jueces para que tomaran decisiones y si queremos hablar de terrorismo, aquí estamos dispuestos a hablar de terrorismo. Terrorista es aquel que se roba el dinero del pueblo dominicano, terrorista es aquel que impide que los recursos lleguen a las escuelas, lleguen a Salud, a Obras Públicas para la construcción de calles, esos son los verdaderos terroristas y si quieren hablar de terrorismo, estamos dispuestos a hablar de terrorismo”, enfatizó la litigante de la Pepca.

Tras la presentación de la recusación, la jueza Yanibet Rivas Méndez, recesó la audiencia que corresponde al proceso preliminar para el próximo viernes 21 de abril.

Este tipo de accionar fue implementado el pasado mes de enero por las defensas de los acusados Boanerges Reyes Batista y Franklin Mata Flores, quienes recusaron a la magistrada Rivas, acción que fue rechazada por la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

En el proceso el órgano acusador solicitó apertura a juicio en contra del mayor general Adán Cáceres Silvestre, del general Juan Carlos Torres Robiou y los demás acusados de integrar la red de corrupción administrativa desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G.

Entre los acusados de la Operación Coral además de Cáceres Silvestre también figuran Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa), el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.

En tanto que por la Operación Coral 5G, derivada de Coral, son procesados además del general Torres Robiou (FARD), Boanerges Reyes Batista (ARD) y Julio Camilo de los Santos Viola (FARD), así como el capitán de navío (ARD) Franklin Mata Flores y José Manuel Rosario Pirón.

El proceso también se sigue contra Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco.

El órgano acusador presentó cargos en este proceso contra 48 personas, 30 personas físicas y 18 personas jurídicas, quienes son acusados de defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.

El entramado de corrupción operó en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).