La incapacidad de las instituciones de nuestra democracia para representar el bien común obedece a la insuficiencia de las mismas para dar respuesta a los problemas y demandas sociales, por una parte, y a la captura de tales instituciones por una fracción de la clase política que sobrepone intereses particulares a los de la sociedad.
La aparición y desarrollo de movimientos sociales, cada vez más fuertes, que reclaman que las instituciones cumplan con su papel y que las decisiones de política pública gocen de la legitimidad necesaria, bien podría constituir una reacción social positiva si los actores políticos llegan a comprender su significado y a establecer procedimientos de diálogo y concertación reincorporando a la dinámica institucional el descontento social que hoy se expresa fuera de las instituciones.
Obviamente para hacer esto los actores políticos deberán superar tanto la visión clientelista que resuelve las demandas políticas anulándolas con el otorgamiento de dádivas, como la visión populista que promueve la exaltación social y crea las bases para que una cultura de irracionalidad política se haga cargo del escenario.
Lo que tendrían que hacer los miembros de la clase política que ven con preocupación la deslegitimación de las instituciones y su negativa a escuchar el clamor ciudadano es propiciar la entrada de las apelaciones ciudadanas al ámbito institucional, haciendo una representación indirecta del reclamo ciudadano por el bien común, pero generando un diálogo, un debate de este reclamo, no encendiendo pura y simplemente el descontento.
Hay que evitar esto último si no se quiere fortalecer las tendencias populistas, que desde la apelación a la gente, a la calle, al descontento, pueden simplemente corroer la representación y la institucionalidad para propiciar la entronización de formas autoritarias que desconocen garantías y obligaciones necesarias para recortar y delimitar el poder.
