Santo Domingo. – Diversas organizaciones sociales, populares y ambientales llamaron a la población a sumarse a una serie de movilizaciones en todo el país, que incluyen marchas, concentraciones y paros escalonados en distintas provincias.
La Coordinadora Nacional Popular (CNP) declaró el lunes 27 de abril como “Día Nacional de la Rebeldía” y respaldó la concentración-marcha convocada para el viernes 24 de abril en el Monumento a los Héroes de la Restauración, en Santiago.
Como parte de las acciones, anunciaron jornadas huelgarias de 24 horas en San Juan de la Maguana, San Francisco de Macorís, Moca, Licey y Navarrete, a partir de las 6:00 de la mañana. Para el lunes 27, a las 10:00 a. m., convocaron una concentración frente al Palacio Nacional, en el Distrito Nacional, además de movilizaciones en distintas comunidades.
Las organizaciones denunciaron lo que califican como represión por parte del Gobierno durante protestas realizadas el pasado 19 de abril en el Cibao. En ese sentido, exigieron el cese del cerco policial contra la residencia del dirigente José Mercado, en San Francisco de Macorís, así como la liberación de activistas detenidos en esa provincia y en Navarrete.
Entre las entidades que respaldan las movilizaciones figuran el Movimiento Suroeste Unido por el Agua y la Vida, Movimiento Unidos Somos Más, Movimiento No Vertedero en La Cuaba, la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (CODONBOSCO), el Centro de Educación para la Paz, la Tolerancia y el Desarrollo (CEPATODE), la Asociación de Comités de Amas de Casa del Distrito Nacional y Santo Domingo (ACADISANDO) y el Instituto de Resolución Alternativa de Conflictos Alexis Rafael Peña (Ircarp).
Las agrupaciones indicaron que, en el contexto del 61 aniversario de la Revolución de Abril y ante el aumento de las protestas sociales, las movilizaciones buscan rechazar políticas que, a su juicio, trasladan el peso de la crisis económica a los sectores más vulnerables, mientras favorecen a grandes corporaciones.
Dentro de sus demandas, exigen la cancelación de proyectos mineros en las cordilleras Central, Septentrional y Bahoruco Oriental, incluyendo iniciativas vinculadas a empresas como GoldQuest, Unigold y Belfond, así como la paralización de la presa de colas de El Naranjo, en Sánchez Ramírez.
También solicitan detener el proyecto de vertedero en Los Aguacates, en el distrito municipal La Cuaba, Pedro Brand, y rechazan la instalación de proyectos mineros y energéticos sin el consentimiento de las comunidades, citando casos como Los Negros (Azua) y Las Placetas (San José de las Matas). Asimismo, reiteraron la defensa de Loma Miranda y pidieron restablecer el Parque Nacional Manuel Aurelio Tavares Justo.
Entre otras exigencias, plantean el cese de operaciones de la empresa Docalza en la comunidad de El Pomier, en San Cristóbal, la protección de los ríos mediante la eliminación de granceras y actividades contaminantes, y la aplicación estricta de la Ley 64-00 de Medio Ambiente.
Las organizaciones también proponen un modelo de desarrollo alternativo centrado en la protección de los recursos naturales, el impulso de la agricultura, el turismo comunitario y las energías renovables, en lugar de la explotación minera.
Además, demandan políticas para enfrentar el alto costo de la vida, mejorar los salarios, garantizar servicios de salud accesibles y reducir la desigualdad, mediante la eliminación de privilegios fiscales y prácticas que, según sostienen, favorecen a sectores de poder en detrimento de la mayoría de la población.
