Bien visto, las motocicletas debieran de ser el vehículo de motor de uso más extendido en República Dominicana, tanto por la facilidad que le imprimen al tránsito en situaciones complicadas, como por económicas, en un país que tiene cero producción de combustibles fósiles.
Según un alto funcionario de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre que estuvo entre los invitados al Almuerzo de Comunicaciones Corripio del miércoles pasado, el coronel Pedro José Valdez María, el número de agentes con que cuenta esta entidad es ínfimo en relación con el parque vehicular, que tiene alrededor de tres millones nada más de motos.
Está claro que en cualquier parte del mundo contar con un agente por cada mil vehículos de motor debe ser insostenible, sin contar con que la ley vigente plantea en ciertos casos la fiscalización de peatones, así que a la hora de tratar de cambiar la forma de uso de las vías públicas no sólo deben ser puestos en orden motociclistas, transportistas y otros desaforados, sino también gente de a pie.
Cualquiera que se detenga a examinar el caso caerá pronto en una conclusión que por lo visto todos evaden: el tráfico de vehículos y el uso de las vías públicas es un producto social del dominicano.
Como también lo es la actitud de la autoridad de dejar hacer y dejar pasar, no necesariamente por no ofender a un sector electoralmente significativo, sino porque es más cómodo.
Tal vez lo recomendable sea, como parece haber sugerido en el encuentro el ministro Deligne Ascención Burgos —coordinador del Gabinete de Transporte—, pasar de relacionar la placa a un vehículo de motor en particular, a vincularla a la persona que tiene la propiedad.
Y sin duda, asumir las grandes dificultades del tránsito de vehículos y personas en calles, carreteras, autopistas y caminos, a un algo consustancial al dominicano que debe ser cambiado.
Vivir y moverse de manera ordenada y respetuosa debe ser preferible en todos los casos.
