Modelos penitenciarios en revisión: lo que debemos considerar

Por: Josefina Reynoso Chicón

En los últimos meses, hemos observado cómo diferentes países de América Latina están evaluando nuevas fórmulas para hacer frente a sus desafíos penitenciarios. Entre ellos se mencionan Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador e incluso la República Dominicana, como posibles interesados en adoptar elementos del modelo penitenciario implementado en El Salvador bajo la administración del presidente Nayib Bukele.

La atención que ha generado el llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo —una megacárcel diseñada para recluir a miles de personas bajo un régimen de máxima seguridad— ha puesto sobre la mesa debates necesarios sobre la gestión penitenciaria en toda la región. Es comprensible que, ante el impacto visible de ciertas políticas, los gobiernos exploren alternativas. Sin embargo, también es imprescindible reconocer que ningún modelo puede ser trasladado de manera automática sin un análisis riguroso de los contextos.

La República Dominicana, por ejemplo, no enfrenta las mismas estructuras delictivas que motivaron la creación de este tipo de prisiones en El Salvador. Nuestro escenario está marcado por problemáticas como el hacinamiento carcelario, la lentitud procesal y la debilidad institucional, pero no por bandas con el mismo grado de control territorial que las maras salvadoreñas.

Conviene además recordar que el país ya había recorrido un camino importante en materia de reforma penitenciaria. Durante los gobiernos del presidente Leonel Fernández, fuimos pioneros en la implementación de un modelo carcelario centrado en la rehabilitación. En 2004, se puso en marcha el primer plan piloto en la cárcel de San Felipe, en Puerto Plata, donde el respeto a los derechos humanos y la reinserción social se convirtieron en pilares del entonces emergente Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, ampliamente reconocido en el ámbito regional. Este enfoque visionario se tradujo posteriormente en el desarrollo de 26 capítulos.   

Otro impulso en el  sistema   fue  la  construcción de  infraestructuras como el Centro Correccional de Las Parras (La Nueva Victoria) que inició en 2018, concebido para albergar a más de 8,700 internos en condiciones dignas.  Puesta  en  marcha durante la administración del presidente Danilo Medina, permanece hoy sin uso efectivo, mientras las condiciones en otros recintos penitenciarios continúan deteriorándose. 

Para  nosotros resulta  paradójico que se sigan anunciando nuevas construcciones, dentro  del  modelo penitenciario como las de Anamuya o Cotuí, sin concluir ni poner en funcionamiento instalaciones ya avanzadas.

Si ampliamos la mirada al contexto regional, encontramos que en Costa Rica el gobierno ha manifestado interés en adaptar ciertos aspectos del modelo salvadoreño a su realidad. Según declaraciones oficiales, la futura cárcel de alta seguridad respondería a necesidades propias del país y no busca replicar de forma literal la experiencia salvadoreña. En Colombia, el debate también sigue abierto. Algunos sectores políticos han planteado la posibilidad de construir centros penitenciarios inspirados en El Salvador, aunque reconociendo las diferencias jurídicas y sociales entre ambas naciones. En Argentina, particularmente en la provincia de Santa Fe, se ha señalado la necesidad de contar con prisiones de mayor seguridad, aunque bajo evaluación local y con matices.

En Ecuador, el presidente Noboa ha anticipado detalles de su plan para intervenir el sistema penitenciario, incluyendo la construcción de cárceles de máxima seguridad destinadas a aislar a los privados de libertad considerados de alta peligrosidad.  (Fuente: Primicias).

Como todos sabemos, cada Estado tiene sus particularidades. Ningún país comparte exactamente las mismas condiciones sociales, niveles de violencia, marcos normativos ni capacidades institucionales. Por ello, más que replicar modelos, lo que corresponde es analizarlos críticamente, adaptarlos con responsabilidad —si fuera el caso— y construir respuestas propias, sólidas, sostenibles y coherentes con los valores democráticos y el Estado de derecho.

En el caso dominicano, lo que se impone no es copiar un modelo externo, sino retomar con decisión y visión de Estado el proceso de transformación penitenciaria que ya habíamos iniciado. Eso implica completar la habilitación de centros como Las Parras, relanzar con fuerza y actualización el Nuevo Modelo —que ya ha alcanzado su mayoría de edad—, mejorar la articulación con el sistema de justicia y fortalecer la prevención del delito como eje central de una política de seguridad ciudadana basada en planificación estratégica, enfoque humanista y control institucional efectivo.

La seguridad no se decreta, se construye. Y la conducción penitenciaria debe responder a nuestra propia realidad, con una mirada estratégica que combine firmeza, legalidad y rehabilitación.