Si la conflictiva Ley 28-01 sobre Desarrollo Fronterizo hubiera estado bien ideada, casi dos décadas deberían haber bastado para que las provincias limítrofes con Haití estuvieran llenas de industrias en beneficio de esa región y la economía nacional.

Pero las generosas exenciones fiscales de esa mostrenca ley solo han servido para generar pocos cientos de empleos en un puñado de industrias que compiten deslealmente con otras previamente instaladas en Santo Domingo, Santiago y otros lugares.

La economía posee sus reglas y periquitos que no pueden torcerse alegremente mediante decretos o leyes, como demuestran elefantes blancos como el aeropuerto de Barahona. Similarmente ocurre con el reclamo de ampliación del puerto de Manzanillo, que difícilmente opere exitosamente sin subsidios estatales ni otras infraestructuras como carreteras y electricidad.

El desarrollo fronterizo posee un excelente ejemplo en Codevi, la zona franca en Dajabón, cuya replicación sería muy posible motivando inversionistas adecuadamente.

Nada organiza mejor cualquier frontera que la abundancia de industrias formales que creen prosperidad a ambos lados, cada cual quedándose en su propio país.