El informe de la “Iniciativa Iberoamericana para Prevenir y Eliminar la Violencia Contra las Mujeres (IIPEVCM)”, elaborado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), titulado “La violencia digital contra las mujeres en roles públicos en la región”, es una clara evidencia de que, a pesar del desarrollo y avances del mundo, hay ámbitos en los que se vive en la edad del fuego y la piedra.
Este estudio analiza la problemática en España, Portugal, México, Uruguay, Panamá, Andorra y República Dominicana, y sus hallazgos son más que importantes para comprender la magnitud y el impacto del fenómeno de la violencia contra la mujer, que no sólo está presente con maltratos verbales personales, golpes y hasta la muerte, sino que también se manifiesta en el espectro digital.
El informe se basa en un estudio regional que monitoreó perfiles de mujeres con voz pública, dígase, políticas, periodistas, activistas, etc. con presencia en redes sociales y sus principales hallazgos muestran el nivel de misoginia que aún prevalece en la región.
De acuerdo al resultado, uno de cada cinco mensajes dirigidos a mujeres en roles públicos en las redes sociales encerraba algún tipo de contenido agresivo, de los que se identificaron y categorizaron cinco modalidades principales de violencia.
La más frecuente de esa violencia es la subestimación de capacidad, un ataque que consiste en menospreciar los conocimientos, habilidades o la credibilidad de las mujeres, a menudo cuestionando su idoneidad para ocupar cargos o roles públicos.
También fueron captados ataques por afiliación política, cuestionamientos al cuerpo y a la sexualidad y embestidas a la identidad, sustentados en su raza, etnia, orientación sexual, género o discapacidad de las mujeres, con aproximadamente el 1 % de los ataques.
Además, se contabilizó un promedio de tres amenazas recibidas por mujeres durante el período de análisis del acoso en línea, que reveló, igualmente, que un pequeño grupo de usuarios, el 10 % de los agresores más activos, generó el 35 % de los ataques, sugiriendo la existencia de ataques concentrados o coordinados.
Esta violencia digital no parece ser un fenómeno aislado y pocos dudarían en considerarlo como parte de una violencia estructural que busca silenciar y restringir la participación de las mujeres en la esfera pública, afectando directamente la libertad de expresión y la calidad democrática de las sociedades.
La publicación de este informe es un paso fundamental y urgente que debe convocar al debate porque por primera vez se logra cuantificar y mapear con datos concretos la magnitud de la violencia digital contra las mujeres en la esfera pública a nivel iberoamericano.
El estudio resalta que este tipo de violencia tiene un efecto inhibidor y de autocensura en las mujeres, lo cual es un daño directo a la democracia, porque cuando se intenta sacar a las mujeres de la conversación pública, se empobrece el debate, se resta diversidad y se limita la plena ciudadanía.
Como el informe es una iniciativa multilateral (SEGIB, PNUD, IIPEVCM) también sienta las bases para la cooperación y la creación de marcos normativos y políticas públicas integrales que trasciendan fronteras, lo cual es vital, ya que el ciberacoso y las amenazas son transnacionales por naturaleza.
A partir de las conclusiones se establece que la violencia digital es una extensión de la violencia machista tradicional que se aprovecha de las plataformas tecnológicas para su escalamiento y deja como principal lección que las sociedades y los Estados deben ir más allá de la libertad de expresión y reconocer que la agresión digital es también una violación de los derechos humanos, que atenta contra la participación plena de las mujeres.
Esto sugiere que se requiere de un abordaje integral que incluya legislación, educación digital y el compromiso activo de las plataformas, porque, la democracia se empobrece cuando la misoginia usa la tecnología para imponer el silencio.
