La inconveniencia de adherirnos al Pacto Migratorio de la ONU sigue atacada por “progres” que tuitean disparates como que al rechazarlo perdimos “calidad moral” y “garantías” para nuestra soberanía.
¡Devuélvete Pancho, huye! La verdad es que desde su preámbulo, el pacto es ambiguo y de interpretación dudosa, segura fuente de diferencias o conflictos entre Estados o entre sus gobiernos y personas extranjeras que procuren ingresar o quedarse irregularmente a su territorio.
Tras diez principios rectores, se presenta un “marco de cooperación” con 23 objetivos y “cada objetivo contiene un compromiso” (¿compromiso sin vinculación jurídica?, ¡una novedad!).
El cuarto es “velar por que todos los migrantes tengan pruebas de su identidad jurídica y documentación adecuada”, con ocho acciones requeridas. No distingue si la obligación de proveer documentación o “identidad jurídica” correspondería, entre los Estados firmantes del pacto, al país de origen del migrante o aquel donde haya ingresado regular o ilegalmente.
Este compromiso es flagrantemente conflictivo dadas las notorias contradicciones nuestras con Haití por su incapacidad o desidia para documentar sus ciudadanos.
