SANTO DOMINGO.- Se atrincheró en resistencia a abandonar su casucha que levantó en el área protegida de Los Farallones, porque afirma quedaría desamparada y sin un techo donde amanecer.

Beatriz de la Rosa una madre soltera con siete hijos, perdió su empleo de doméstica debido al impacto económico acusado la pandemia, viéndose obligada a levantar un lugar donde vivir en el área porque no tenía como pagar una casa.

La mujer es una de las 43 familias que el Ministerio de Medio Ambiente desalojó el pasado lunes 18 de octubre, por invadir el área protegida del Farallón Llano Costero Sur-Oriental, ubicado en las inmediaciones del Gran Parque de Las Américas en el kilómetro 14 de la autopista Las Américas.

Los estruendos del desalojo provocaban el llanto de los cuatro hijos con los que vive y derramada en lágrimas, la joven de 32 años gritaba que sacarla del lugar era igual que matarla en vida.

“Que me den un tiro y me acaben de matar mejor, porque me están matando en vida si me dejan sin un techo. Mira como están mis hijos (niños llorando). Este terreno es del Estado y no estoy matando a nadie”, expresaba la madre con desespero.

Al tiempo que algunas de las demás personas desalojadas le vociferaban que no saliera de allí, mientras que los militares amablemente pedían hablar con ella. Sin embargo, la ausencia de una comisión de Conani, vital en ese proceso, era notoria.

Señalando un colcho tirado en la acera de una vivienda, Ana Encarnación, de 33 años, indicó que allí amaneció con sus cinco hijos de cuatro, seis, siete, nueve y 12 años, luego de que derribaran una casucha en la zona.

Mientras improvisaba un fogón para cocinar un arroz blanco que con 100 pesos donado pudo comprar para dar de comer a sus hijos, Encarnación afirmaba sentirse destrozada y desamparada, por lo cual clamó al gobierno ser reubicada por consideración a sus hijos.

Alude que no tiene familia y donde pernotar con sus hijos, en lo que consigue un empleo, porque a todo esto- dijo- que- dieron muerte a su esposo en medio de un atraco para robarle el motor.

“Mami yo tengo sueño, me dicen y les respondí qué puedo hacer, no tengo para donde ir”, manifestó.

Afirma que a las cuatro de la madrugada del lunes una comisión de Medio Ambiente derribó su casa mientras estaba dentro con sus cinco hijos.

Ambas familias tenían más de cuatro meses ubicadas en esos terrenos, a raíz de la incidencia del Covid-19.

La joven miró con sorpresa la llegada de los militares, porque el lugar estaba en total abandono y no era supervisado por nadie.

“Esto era un nido de delincuentes, la gente tenía temor de cruzar por la oscuridad que reinaba, aquí se dieron casos de violaciones y atraco”, detalló.

A raíz de una denuncia hecho en las redes social sobre la invasión en Los Farallones, el Ministerio de Medio Ambiente tomó cartas en el asunto, sin embargo por el proceso de transición de mando no pudo hacerlo antes de que esas familias levantaran sus casas.

La entidad gubernamental depositó el miércoles pasado una denuncia formal contra quienes ocuparon ilegalmente el área protegida, empero en el documento oficial no se específica a nadie.

El anuncio fue realizado en la cuenta de Twitter del Ministerio.