Los bancos comerciales y la Superintendencia de Bancos permitieron que los usuarios de tarjetas de crédito creyeran por mucho tiempo que sólo se les cobraba financiamiento por la parte de los consumos que dejaban de pagar en la fecha límite establecida para saldar el monto adeudado.
Como consecuencia de esa confusión los bancos comerciales han hecho monumentales ganancias, pues cientos de miles de usuarios no se ocupaban de saldar la totalidad de sus consumos con la falsa creencia de que sólo serían penalizados por el monto adeudado.
Eso es lo que se llama saldo insoluto, pese a que los bancos comerciales y la propia Superintendencia de Bancos han querido redefinir ese concepto.
Durante mucho tiempo 1.7 millón de tarjetahabientes estuvieron engañados creyéndose algo que no era.
EL DÍA ha contribuido a que la población tenga claro cómo se maneja el negocio de las tarjetas de crédito y así puede saber a qué abstenerse.
La Superintendencia de Bancos, como ente rector, ha jugado un muy flaco servicio en esa materia, pues esa desnaturalizada información generaba grandes beneficios a los bancos y cuantiosas pérdidas a los usuarios.
Una actitud diferente ha asumido el Instituto Nacional de Defensa al Consumidor (Proconsumidor), que dirige la valiente y valiosa Altagracia Paulino.
Ha exigido los contratos de Adhesión que imponen los 13 bancos comerciales a los clientes que requieren de los servicios financieros.
Hasta ahora ha habido una inexplicable resistencia por parte de la banca, apoyada por la Superintendencia de Bancos.
Proconsumidor, amparado en la ley, quiere revisar que no hayan cláusulas abusivas en esos contratos.
La banca se resiste alegando que es a la Superintendencia de Bancos a la que le corresponde pedir los mismos. Otro tecnicismo que lleva a una pregunta: ¿si todo está bien, porqué no suministrarle esos contratos a Proconsumidor?
