Se dice que hay opiniones divergentes cuando las mismas difieren una de la otra, que discrepan o disienten.

Tal es el caso de la deuda pública dominicana que incluye el sector público financiero como el no financiero; tanto la deuda externa que se debe en moneda extranjera, como la deuda interna que debe en pesos a entidades o personas en el país.

Escuchamos esta semana al Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana, quien proviene del litoral de la sociedad civil, señalar que en el país hay un problema de deuda y la necesidad que tenemos de evitar nuevos déficits fiscales, así como imponer controles para que no sigan sucediendo.

Por otro lado, el Ministro de Hacienda Donald Guerrero, quien proviene del litoral empresarial, aseguró que los niveles de la deuda del Estado dominicano no representan problema alguno en términos de su manejo para el Gobierno, en franca contradicción con la posición asumida por el Ministro de Hacienda, aunque en la ocasión se refería a las declaraciones de varios reputados economistas quienes manifestaron sus preocupaciones con respecto al crecimiento de la deuda pública y sus repercusiones financieras y sociales.

Hace tiempo este conflicto viene desarrollándose, encontrándose pregoneros que con argumentos puramente técnicos quieren descalificar a quienes cuestionan la vigente política de endeudamiento, hasta voces como las del BID, tradicional prestamista desarrollista del país, quien alerta que la deuda que se contrate en lo adelante sea para aportar a los niveles de inversión enfocados en proyectos de rentabilidad social y económica, y no seguir financiando gastos improductivos o déficits públicos.

El debate está lanzado hace tiempo, pendiente de propuestas viables, las cuales no se lograrán mientras el gabinete presidencial continúe asumiendo posiciones divergentes y no se quiera gastar capital político en las soluciones que se requieren de control y eficiencia del gasto, para poder justificar mayores niveles de gravámenes.