Ministerio Público pide a juezas rechazar extinción penal del proceso solicitada por exprocurador Jean Alain

El Ministerio Público pidió a las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazar la declaración de extinción de la acción penal en el proceso seguido contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez, solicitud a la que también se adhirieron las defensas de los demás imputados, por considerar que no procede.

En ese sentido, el fiscal Manuel Ramírez detalló una serie de incidentes promovidos por Rodríguez a través de sus abogados, desde la fase de investigación hasta el juicio, con el único objetivo de retrasar el proceso.

El órgano acusador presentó evidencias ante las juezas del tribunal presidido por la magistrada Claribel Nivar, de que los retrasos han sido provocados por la propia defensa, incluyendo la presentación de cinco recusaciones fallidas que paralizaron las pesquisas.

Durante la etapa de investigación, la defensa interpuso la primera recusación el 28 de febrero de 2021 contra todos los integrantes del equipo investigador de ese momento. Dicha acción no se limitó a los investigadores del caso, sino que incluyó a miembros del Ministerio Público que no tenían relación ni participación en los actos de investigación. Esta recusación fue rechazada.

Posteriormente, el 6 de abril del mismo año, interpusieron una segunda recusación que, al igual que la primera, paralizó los actos de investigación. En esta ocasión incluyó a la entonces directora general de Persecución y actual procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, la cual también fue desestimada.

Sin embargo, las acciones continuaron. El 8 de mayo de 2022, en pleno desarrollo de las investigaciones, presentaron una tercera recusación que tuvo que ser resuelta por el procurador adjunto y que corrió la misma suerte. Cuatro días después, el 12 de mayo de 2022, interpusieron otra recusación que nuevamente fue rechazada. Finalmente, presentaron una quinta recusación que abarcó al procurador adjunto Rodolfo Espiñeira, la cual también fue desestimada.

El fiscal Manuel Ramírez calificó estas acciones como un plan trazado por el imputado y su defensa para dilatar el proceso, lo cual, afirmó, que se puede constatar al revisar los motivos de cada uno de los aplazamientos promovidos.

El Ministerio Público refutó de manera contundente los alegatos de la defensa de Jean Alain Rodríguez Sánchez y de sus empresas, argumentando que las postergaciones han sido garantistas y no atribuibles a fallas del órgano acusador.

Para dimensionar el caso, la entidad destacó la magnitud del expediente, el cual cuenta con una acusación de 12,274 páginas, 62 acusados, 441 testimonios, 77 pruebas periciales, 2,876 pruebas documentales, 168 pruebas materiales y 33 líneas de investigación.

Asimismo, el Ministerio Público evidenció otros incidentes provocados por la defensa para generar retrasos, tales como: Solicitudes de plazos desproporcionados: Peticiones de entre 100 días y un año completo, a pesar de haber admitido que ya tenían acceso a las 150,000 páginas de pruebas en formato digital.

Exigencia de impresiones masivas: La demanda de que el Estado imprimiera la totalidad de las pruebas, lo que representaba un costo económico altísimo y fue rechazado por los tribunales.

Uso abusivo de recursos: Interposición de recursos de oposición, apelación y casación frente a incidentes extemporáneos, reiteradamente declarados inadmisibles por la Corte y la Suprema Corte de Justicia.

Interrupción de audiencias: La constante interrupción durante la lectura de la acusación, al punto de que el juez les advirtió que estaban "torpedeando la lectura".

Estrategia de división legal: La separación táctica de la representación legal del acusado y sus empresas para presentar los mismos incidentes de forma individual y agotar el tiempo del tribunal.

La titular de la Pepca, Mirna Ortiz, manifestó que el cómputo de los plazos procesales no es un mero cálculo matemático, sino un ejercicio de razonabilidad que debe considerar la alta complejidad del caso y la evidente conducta obstructiva de la defensa a lo largo del procedimiento, motivo por el cual reiteró la solicitud de rechazar la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso.

Indico que espera que el tribunal rechazara declarar la extinción de la acción penal del proceso.