SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público investiga a más de 30 personas, incluyendo a tres extraditables, involucradas en el entramado criminal desmantelado con la Operación Falcón, el cual se dedicaba al lavado de activos del narcotráfico, el tráfico internacional de armas y el patrocinio ilegal de campañas políticas para agenciarse protección e inmunidad.
En la continuación de la audiencia de presentación de la solicitud de coerción contra 23 de los imputados, encabezada por la jueza Iris Borgen Santana, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, el Ministerio Público concluyó con la presentación de hechos que sustentan la medida y la motivación para que el caso sea declarado complejo.
«El Ministerio Público mañana dará las conclusiones con respecto a esta parte de la solicitud de medida de coerción. No obstante, en la solicitud en cuestión hemos establecido una prisión preventiva por 18 meses, como también la solicitud de declaratoria de complejidad del mismo, dadas las características propias de un caso de esta magnitud”, explicó la procuradora de corte Luisa Liranzo, quien ofreció declaraciones a la prensa, al cierre de la jornada de hoy.
Desde las 10:30 de la mañana hasta pasadas las 5:00 de la tarde, el Ministerio Público listó unas 350 pruebas frente al tribunal que sostienen las imputaciones, por las cuales solicita la complejidad del caso y prisión preventiva para todos los imputados. “El Ministerio Público presentó la mayor cantidad de pruebas que dan por acreditados los hechos”, indicó Liranzo.
De acuerdo con el análisis de inteligencia electrónica presentado por el Ministerio Público, la red criminal desmantelada con la Operación Falcón se refería en sus llamadas a las ubicaciones y fechas de los operativos de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), dejando ver, mediante mensajes en clave, que tenían a efectivos de esa institución en la nómina de este entramado de narcotráfico internacional y lavado de activos.
En la presentación de hechos de la solicitud de medida de coerción se establece como Erick Randhiel Mosquea, quien está prófugo, pagaba sumas millonarias por la venta futura de combustibles a las empresas distribuidoras, como forma de lavar dinero producto del narcotráfico. Varios de los imputados figuran como administradores de estas estaciones y otros negocios del señalado como cabeza de la red.
Además se hace referencia a que compañías distribuidoras de combustibles estaban acostumbradas a recibir pagos por adelantado y en efectivo de hasta cinco millones de dólares. El entramado criminal que se sostenía con dinero producto del narcotráfico se dedicó así a adquirir estaciones de gasolina en diferentes puntos del país, como forma de lavar los capitales que acumulaba. Además, lograban lavar dinero a través de negocios de entretenimiento, de compra y venta de vehículos, incluyendo de automóviles de alta gama, bancas de apuestas, y compra y remodelación de inmuebles.
Esta red, que tenía su mando de operación en la provincia de Santiago, contaba con ramificaciones en distintos puntos del país. Un punto neurálgico era el municipio de Miches, desde donde transportaban miles de kilos de drogas y adquirieron múltiples propiedades, desde estaciones de gasolina hasta todas las rutas de transporte del municipio. La red podía observar todos los movimientos en las entradas y salidas, tanto terrestres como marítimas de Miches, así como en puntos del interior del municipio, desde el Coco Restaurant, donde tenían instalados 26 puntos de cámaras de vigilancia.
El grupo de imputados tenía también su propio ‘dealer’ para activar sus líneas de telefonía móvil, en la que usaban sobre todo teléfonos tipo BlackBerry, con el fin de dificultar las interceptaciones telefónicas de las autoridades.
En un momento de la audiencia, la defensa de María Olimpia Tavárez solicitó al Ministerio Público dar por leídas las páginas que involucran a su defendida, sobre todo en lo que implica interceptaciones telefónicas. Sin embargo, el Ministerio Público manifestó que continuaría con la lectura comentada, como se acordó el día anterior.
Igualmente, la defensa presentó una oposición a que el Ministerio Público mencionara en su relación de hechos para solicitar la coerción a personas que no están presentes en la audiencia.
Ante esta petición, el procurador adjunto a Wilson Camacho replicó que: “No tiene ningún sentido que se esté juzgando a un testaferro y que la persona a la que éste sirvió de testaferro no pueda ser mencionada. Eso es inadmisible”.
La jueza Iris Borgen acogió la posición del Ministerio Público, rechazando el recurso por considerarlo cosa juzgada cuando en la audiencia del lunes varios miembros de la defensa se opusieron a la mención del extraditado Juan José de la Cruz Morales, entre otras personas que no están en el tribunal, pero tienen relación directa con los imputados.
La medida de coerción incluye a los primeros 23 imputados como participantes en la red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada en la Operación Falcón, que el Ministerio Público ejecutó en coordinación con la DNCD y la cooperación internacional de la Administración de Control de Drogas (DEA).
La operación, que continúa realizando allanamientos y mantiene una investigación abierta, es encabezada por la Dirección Nacional de Persecución de la Procuraduría General de la República y la Fiscalía de Santiago.
Los imputados son María Olimpia Tavares Rodríguez (Oli y/o La Princesa); Juan Maldonado Castro (Marcial y/o El Líder), Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera (El Gordo), Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia (Tony y/o Presidente), Julio César Jiménez Talavera (domínico-venezolano) y Juan Bautista Carpio Reynoso.
También, José Alejandro de la Cruz Morales (Omar La Moña); Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro, Angélica María Maldonado Peralta, Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Ana Margarita Collado Marte, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras (Migue), Elva Teresa Polanco, Juan Carlos Durán Rodríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez, Felipe Espino Germán, Andrés Guzmán Collado y Amadeo Garibaldi Read Ruiz.
Al motivar la complejidad del caso, la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso recordó que la doctrina y la jurisprudencia así lo establecen. “Estamos ante un caso típico de criminalidad organizada; además tenemos pluralidad de imputados”, añadió.
“También pluralidad de víctimas: por el lavado de activos, está la afectación sobre el orden económico; por el narcotráfico, sobre el orden público y la salud; el tráfico de armas, sobre la seguridad pública y así entendemos que se dan todas las condiciones para que se declare la complejidad”, dijo.
El Ministerio Público presentará este miércoles las conclusiones de su solicitud de medida de coerción, en la continuación de la audiencia, pautada para las 9:30 de la mañana.
Los representantes del Ministerio Público que conforman el equipo que presenta esta solicitud de medida de coerción son los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, el fiscal titular de esta provincia, Osvaldo Bonilla, y los fiscales Luisa Liranzo, Surelis Jáquez, Andrés Mena, Reyna Jiménez, Newton López, Miguel Collado, Yeny Liranzo, Yohanna García, Patricio Rodríguez, Isabel Santos, Miguel Ramos y Enmanuel Ramírez.
