El Ministerio Público pidió un plazo de cuatro meses de prórroga para presentar acusación.
SANTO DOMINGO.-El Ministerio Público se quedó sin presentar acusación ante el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional contra los imputados en el expediente de corrupción caso Calamar el pasado 18, fecha en que se cumplió un año de que se les impuso medida de coerción a los implicados.
En esa ocasión, dictaron prisión preventiva a los encartados José Ramón Peralta y Donald Guerrero, y arresto domiciliario a Gonzalo Castillo.
Los abogados de los imputados aseguran que en dicha fecha se venció el plazo de los 4 meses de prórroga para presentar acusación, tras la investigación que realiza el Ministerio Público como se establece en el Código Procesal Penal.
Las defensas de los imputados dijeron que la magistrada Franchesca Potentini, designada como juez control, tendrá que intimar al Ministerio Público para que en un plazo de diez días presenten acusación contra los encartados en el proceso.
El proceso fue declarado complejo y los implicados se encuentran cumpliendo diferentes tipos de medidas de coerción.
La magistrada Potentini fue designada para conocer las peticiones de las partes del proceso Calamar, incluyendo la solicitud de prórroga realizada por el Ministerio Público, donde pide una ampliación de los plazos de cuatro meses para terminar con la formulación de la acusación.
Conforme al numeral 3 del artículo 370 del Código Procesal Penal “el plazo acordado para concluir el procedimiento preparatorio es de ocho meses, si se ha dictado la prisión preventiva o el arresto domiciliario, y de doce meses si se ha dictado cualquier otra de las medidas de coerción”.
En una declaración reciente los abogados de Peralta afirmaron que en el caso de su defendido este no teme a la acusación que pueda presentar el Ministerio Público, ya que es inocente de cualquier imputación.
El plazo de la investigación venció el pasado 18 de noviembre de 2023.
Expediente
— Imputación
Las 20 personas del caso Calamar están acusadas de sustraer más de 19 mil millones de pesos al Estado en pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y en sobornos para la campaña política de 2020.
