Ministerio Público avanza en recolección de pruebas contra red de narcotráfico vinculada a regidor de La Romana

SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público continúa profundizando la investigación contra la red internacional de narcotráfico y lavado de activos en la que se encuentra implicado el regidor por La Romana, Walky Cuevas Charles, y su esposa, Pamela Violeta Astacio. Ambos forman parte de una estructura criminal presuntamente encabezada por Yúnior Santos Restrepo, quien guarda prisión preventiva.

La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos incautó un inmueble valorado en más de 25 millones de pesos, propiedad del regidor por el Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS), como parte de las diligencias para sustentar la acusación formal que deberá ser presentada antes de mayo, cuando vence el plazo judicial de ocho meses otorgado tras la imposición de medidas de coerción el 19 de septiembre de 2024.

El bien confiscado es un edificio de tres niveles con seis apartamentos, ubicado en el sector México, en San Pedro de Macorís, y está registrado a nombre del funcionario municipal. Tanto Cuevas Charles como su esposa cumplen medidas de coerción que incluyen presentación periódica e impedimento de salida del país.

Según el expediente, la red criminal habría introducido más de 300 millones de pesos al sistema económico nacional mediante empresas fachada, con el objetivo de adquirir bienes de alto valor y dar apariencia de legalidad a sus ganancias ilícitas. El regidor, presuntamente, facilitó la compra de vehículos y propiedades con dinero del narcotráfico, a nombre de terceros vinculados a la organización.

Las autoridades aseguran que la estructura transportaba grandes cargamentos de cocaína desde Suramérica hacia la costa Este de República Dominicana en lanchas rápidas, para luego distribuir la droga por vía aérea y marítima hacia destinos como Miami, Nueva York, Boston, Nueva Jersey, Puerto Rico, Portugal, Holanda y España.

Además, el grupo utilizaba métodos sofisticados para consolidar múltiples cargamentos de diferentes organizaciones criminales en un solo envío, reduciendo así costos y maximizando las ganancias. Posteriormente, los beneficios obtenidos eran introducidos al sistema financiero dominicano para su blanqueo.

El Ministerio Público continúa recopilando evidencias clave para sustentar la acusación formal ante el Juzgado de la Instrucción de La Romana, donde se solicitará la apertura a juicio contra los imputados. En caso de no presentar el expediente en el tiempo establecido, la Procuraduría deberá solicitar una prórroga al juez apoderado, tal como establece el Código Procesal Penal.