La modificación que la Dirección General de Migración ha introducido en la Renovación de la Residencia Permanente para los extranjeros que viven en nuestro país está fundamentada en una visión aislacionista, opuesta al libre comercio y negadora de los derechos a que ciudadanos y ciudadanas de otros países puedan establecerse en nuestra patria para aportar su trabajo, talento y servicios al desarrollo del país.
Refleja una mentalidad más cercana a un régimen autoritario que a una democracia.
El examen médico que se demanda en el punto 5 supone un régimen sanitario propio de la Segunda Guerra Mundial.
Que dicho examen sea hecho por médicos indicados por la DGM abre la posibilidad de la formación de una red de corrupción entre funcionarios de Migración y los médicos seleccionados.
En el punto 8 se atenta contra la inversión extranjera y la contratación de profesionales y mano de obra calificada que enriquece el desarrollo económico del país, al requerir un fiador.
Genera a la vez un gran negocio entre notarios que en la práctica terminarán siendo aliados de los oficiales de Migración.
Este conjunto de requisitos está 50 años atrasados en cuanto al desarrollo mundial de la migración, el turismo y la inversión extranjera, procurando un ordenamiento policial respecto a los extranjeros residentes como si fueran criminales.
Migración niega de plano los muchos aportes que empresarios y trabajadores extranjeros residentes en nuestros país realizan día a día para que miles y miles de dominicanos tengan un puesto de trabajo decente y que la riqueza de nuestra nación crezca.
