Santo Domingo.- Miembros del Ministerio Publico presentan dificultad con la plataforma implementada por el Poder Judicial para programar citas y recepción de documentos, al momento de realizar una solitud orden de arresto y de la medida de coerción, ya que tiene que enviarla vía online, lo que representa una violación al libre acceso a la justicia, y una negación.

Esa es una de las quejas manifestadas por los miembros del órgano acusador, que al momento de solicitar un servicio presenta problemas en el portal del Poder Judicial, ya que no cuenta con privilegios como órgano regulador de los procesos, que según el Código Procesal dentro de plazos, o de lo contrario se caen.

A pesar que el Ministerio Publico es parte del sistema, ya que realizan las investigaciones para instrumentar los expedientes acusatorios, solicitar órdenes de arresto contra personas que cometen delito o crimen, el Poder Judicial lo ve como un usuario más.

El Poder Judicial les exige a los miembros del Ministerio Publico, uno del ente ya que instrumentan los expediente mediante un plazo de ley, subir tanto la solicitud de arresto como la de la medida de coerción a su plataforma, que casi siempre da error, y cuando le explica al juez o jueza la situación, este manifiesta que no puede hacer nada y que debe volver intentar por la página web para programar una cita y que se la darán pronto.

Sin embargo, el órgano acusador en ese trajín ha sabido durar de una hora hasta un día completo y cuando logra, entonces para la repuesta, la recibe entre dos dias hasta una semana, eso va depender de la jurisdicción.

Esto es, porque el Poder Judicial maneja la justicia a nivel nacional desde la segunda planta del edificio nuevo ubicado en los Centro de los Héroe, sector La Feria.

Tambien, los fiscales expresaron que el Poder Judicial tienen secuestrados las edificaciones tanto la de la sede como de los Palacio de Justicia, a pesar que las estructuras alojan dos instituciones, esto lo hacen porque tiene la administración de los edificios, olvidándose que los inmuebles son del Estado.

No obstante, desde el momento que el Poder Ejecutivo declaro estado de emergencia por la pandemia del coronavirus (COVID-19), el Poder Judicial decidió suspender las labores y los plazos, quedando funcionado de manera virtual las Oficina de Atención Permanente, a diferencia del Ministerio Publico abierto y laborando.